CMS Albiñana & Suárez de Lezo y el Centro Universitario Villanueva han celebrado una mesa redonda para analizar la Propuesta de Ley de transposición de la Directiva 2014/14/ UE, que facilitará las reclama-ciones de daños por parte de las víctimas de infracciones del Derecho de la competencia.
El encuentro contó con los ponentes Patricia Liñán y Javier Mendieta, socios de los Departamentos de Derecho de la Competencia y Derecho Procesal del CMS Albiñana & Suárez de Lezo, respectivamente, con Elena Zoido, Senior Vice President de Compass Lexecon, y con Fernando Díez, profesor del Centro Universitario Villanueva, como moderador. El encuentro se celebró ante un centenar de asistentes del mundo jurídico y empresarial.
Los expertos de CMS Albiñana & Suárez de Lezo analizaron el texto propuesto por la Sección Especial de la Comisión de Codificación para transponer la Directiva 2014/104/UE. Patricia Liñán insistió en la conve-niencia de que el texto fuera más allá de la reproducción de los objetivos establecidos por la Directiva y desarrollara los medios concretos para alcanzar esos objetivos, dado que, en la propuesta actual, algunas cuestiones relevantes quedan sin resolver. Javier Mendieta destacó la necesidad de una mayor coordinación y encaje de la regulación procesal propuesta con el resto de disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil. También puso de manifiesto que, en algunos aspectos, la Propuesta de Ley se ha contaminado de ciertos planteamientos más propios del Derecho Administrativo sancionador. Por su parte, Elena Zoido apuntó que algunas cuestiones relativas al cálculo de los daños, como es la de la repercusión de los sobrecostes, no están perfectamente tratadas en la Propuesta de Ley.
Una parte importante del debate se centró en la nueva regulación que propone la Comisión de Codifica-ción para el acceso a las fuentes de prueba, de aplicación general en cualquier procedimiento civil, sobre la que Javier Mendieta afirmó que “su introducción no venía obligada por la Directiva, que sólo se refiere a la exhibición de pruebas en poder de las partes o de terceros, u obrantes en un expediente de una autoridad de la competencia”. Asimismo, puso varios ejemplos acerca de las dudas o problemas de aplicación práctica que puede suscitar la normativa propuesta, desde una perspectiva estrictamente procesal o civil.
Los expertos explicaron que otro aspecto interesante de la Propuesta es que establece el efecto vincu-lante para los órganos judiciales españoles de decisiones adoptadas por autoridades de competencia o jueces de otros Estados miembros. Aunque convendría precisar más el alcance de este efecto vinculante, se valoró positivamente, ya que podría hacer de España un foro atractivo para las reclama-ciones de daños en materia de defensa de la competencia.
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