El Tribunal Supremo y la legitimación del responsable tributario para impugnar la liquidación practicada al deudor principal

Post jurídico

Marta Burgos 

Recientemente, en sus sentencias de fechas 13 de marzo de 2018 y 3 de abril de 2018, el Tribunal Supremo se ha pronunciado acerca de la interpretación del contenido en el artículo 174.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante, “LGT”), relativo a la legitimación del responsable tributario para impugnar, con ocasión del recurso frente al acuerdo de derivación de responsabilidad, la liquidación en que tiene su origen dicho acuerdo.

Al respecto, el Alto Tribunal ha reconocido nuevamente, aludiendo a sus sentencias de 22 de diciembre de 2016 y 6 de junio de 2014, que la derivación de responsabilidad es un procedimiento autónomo e independiente del que en un momento inicial dio lugar a los acuerdos relativos al deudor principal, y que, por ello, otorga al responsable tributario plenas facultades de impugnación respecto del presupuesto del hecho habilitante, como de las liquidaciones giradas en su momento al deudor principal.

En este sentido, el Tribunal Supremo recoge la idea de que la norma contenida en el artículo 174.5 de la LGT otorga un derecho al interesado consistente en la posibilidad de impugnar plenamente, esto es: el acuerdo de derivación de responsabilidad y también la liquidación que se practicó al deudor principal y que está en el origen de aquel acuerdo de derivación.

Asimismo, insiste en que tales facultades no pueden quedar excepcionadas o limitadas por la circunstancia de ser o haber sido, el declarado responsable, administrador de la sociedad en el momento en que dichas liquidaciones o acuerdos fueron adoptados o cuando tuvieron lugar las infracciones que dieron lugar a las sanciones tributarias correspondientes.

El Tribunal Supremo añade que tal interpretación a través de la cual se concede al responsable tributario legitimación para impugnar plenamente, sin límites o restricciones derivados de su eventual condición de administrador, se extiende también a los supuestos en los que las liquidaciones o los acuerdos sancionadores hubieran ganado firmeza. Lo anterior en la medida en que tales actas solo resultan intangibles para aquellos obligados para quienes si hubieran adquirido firmeza.

Siguiendo con lo anterior, a juicio del Tribunal Supremo, dichas facultades contenidas en el artículo 174.5 de la LGT quedarían vacías de contenido, e incluso situarían en una posición de indefensión al responsable tributario, en el supuesto de que la Administración tributaria no le proporcionase la totalidad de los documentos que contengan los datos y circunstancias que trajeron causa del procedimiento frente al deudor principal, con independencia de su eventual firmeza para este último.

Insiste en que obviamente dichos documentos no pueden estar constituidos exclusivamente por las liquidaciones giradas al deudor principal o por el resultado de su impugnación en la medida en que tan escasos antecedentes no permitirían suministrar al interesado la totalidad de los datos en que puede basar su impugnación. Así, la Administración tributaria debe quedar obligada a proporcionar al interesado los expedientes completos de los que proceden, mediata o inmediatamente las liquidaciones giradas al deudor principal.

Lo anterior también sería aplicable respecto de las deudas derivadas que tienen exclusivamente naturaleza sancionadora permitiendo que el interesado pueda combatir la tipicidad de la infracción atacando la liquidación que le sirve de presupuesto y que nace a raíz de la tramitación de un procedimiento de comprobación e inspección.

En este sentido, las posibilidades de impugnación plenas únicamente pueden desplegar sus efectos si el responsable tributario que quiere atacar el acuerdo de derivación de responsabilidad tiene a su alcance la totalidad de los antecedentes que dieron lugar al hecho habilitante y a las liquidaciones por las que se le requiere. Esto es, acceso al expediente completo del deudor principal.

A juicio del Alto Tribunal la razón es simple y se basa en que en esos procedimientos no solo se tienen en cuenta los antecedentes de la deuda derivada, sino también los presupuestos en los que puede asentarse la correspondiente impugnación, que sería puramente presuntiva o hipotética si el interesado solo dispusiese de los acuerdos de inicio del procedimiento sancionador y de las resoluciones sancionadoras correspondientes.

La presente publicación no constituye opinión profesional o asesoramiento jurídico de sus autores. 

Si desea recibir periódicamente las publicaciones de Referencias Jurídicas CMS, que analizan y comentan la actualidad legal y jurisprudencial de interés, puede suscribirse a través de este formulario.