Los administradores responden solidariamente por no promover la disolución, aunque el acreedor conociera la situación patrimonial de la sociedad

Post jurídico

 José Roberto Funes

El Tribunal Supremo ha declarado que la responsabilidad solidaria de los administradores sobre la base del art. 367 LSC subsiste, aunque el acreedor conozca, al contratar, la situación de insolvencia de la sociedad. El mero conocimiento de dicha situación por parte del acreedor no es suficiente para acreditar su mala fe al reclamar las deudas a los administradores y, por tanto, estos siguen siendo solidariamente responsables por no promover la disolución si las pérdidas determinaron que el patrimonio neto quedara por debajo de la mitad del capital social.

La sala de lo civil del Tribunal Supremo, en su sentencia 207/2018 de 11 de abril, ha resuelto a favor del acreedor un conflicto derivado del ejercicio por el acreedor de una acción de responsabilidad solidaria contra los administradores de la sociedad deudora que se encontraba en estado de crisis desde un momento previo a la contratación. La cuestión más relevante para el caso era el hecho de que el acreedor conocía dicho estado de crisis.

Como es sabido, la Ley de Sociedades de Capital prevé, en su art. 367, que los administradores sociales responden solidariamente con la sociedad por las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de una causa legal de disolución (como lo es un patrimonio inferior a la mitad del capital social) cuando estos incumplan con su obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte el acuerdo de disolución.

La aplicación del art. 367 LSC no suele dar lugar a dudas sobre la responsabilidad del administrador en los casos prototípicos (acreedor que contrata con una sociedad que deviene en insolvente y sus administradores no instan la disolución). Menos clara es la situación cuando, como en el supuesto de hecho de la sentencia, el acreedor conoce la situación de insolvencia de la sociedad al momento de contratar con ésta. Este escenario permitiría atribuir al acreedor una actuación de mala fe al interponer una acción de responsabilidad contra los administradores responsables solidarios. El acreedor, al conocer de antemano la situación de crisis, habría contratado con la sociedad asumiendo el riesgo de insolvencia de la deudora. En consecuencia, al reclamar a los administradores, como garantes del crédito debido, estaría añadiendo abusivamente esta garantía al derecho de crédito que ostenta sobre la sociedad.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 826/2011, STS 395/2012 y STS 733/2013) establece que es necesario matizar estos supuestos y analizar cada uno de forma individual; puesto que pueden concurrir circunstancias adicionales al conocimiento de la situación de crisis que influyan sobre el análisis de la cuestión.

En esta línea, nuestro Alto Tribunal ha declarado que el mero conocimiento por parte del acreedor, de la situación de insolvencia del deudor al contratar con la sociedad no constituye, por sí mismo, ausencia de buena fe. Así, para poder justificar una actuación del acreedor contraria al principio de buena fe contractual, es necesario que, al contratar, además del conocimiento de la situación de crisis de la sociedad, se den circunstancias adicionales, tales como el control sobre la sociedad (el acreedor es a la vez administrador o tiene una participación relevante en el capital social de la deudora), que puedan ser acreditadas para poner en evidencia la vulneración de las exigencias de la buena fe.

La sentencia comentada advierte de nuevo que el mero conocimiento de la situación de insolvencia no es suficiente para negar al acreedor la posibilidad de instar la acción de responsabilidad prevista en el art. 367 LSC. A juicio del tribunal un acreedor diligente que contrata en dichas circunstancias conoce la garantía sobre el cobro de su crédito que impone la LSC al administrador responsable solidario y cuenta con ella para cobrar las cantidades adeudadas.

Por otro lado, como se señala en la sentencia, esta responsabilidad del administrador no surge solo garantía al acreedor; sino que es una medida que garantiza el cumplimiento por los administradores de su diligencia debida, una vez que existe una causa de disolución. La medida ha de identificarse como una sanción civil al administrador que incumple con su deber de diligencia, no estrictamente como una responsabilidad por daños per se.

Finalmente, conviene señalar que la jurisprudencia que ha sentado el TS sobre esta materia no es necesariamente aplicable al resto de supuestos en los que concurra un derecho de crédito y el conocimiento previo de una causa de disolución de la sociedad de parte del acreedor. Es decir, habrá que estar a las circunstancias concretas de cada caso, a tenor de los hechos acreditados en la fase de instancia, para poder concluir la existencia de mala fe de parte del acreedor al interponer una acción de responsabilidad contra los administradores de la sociedad deudora.

La presente publicación no constituye opinión profesional o asesoramiento jurídico de sus autores. 

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