Traslado del domicilio social: reforma legal y estatutos sociales

Post jurídico

26/04/2016

Luis Miguel de Dios y Alina Martiniva

La DGRN, en una reciente Resolución de 30 de marzo, ha fijado expresamente que los estatutos en los que se atribuye al órgano de administración la competencia para modificar el domicilio dentro del municipio, ha de considerarse que la atribuyen, desde la reforma de la Ley de Sociedades de Capital, para hacerlo en todo el territorio nacional. A juicio de la Dirección General, cuando los estatutos reproducen el régimen legal, han de entenderse en el sentido de la norma en vigor cuando se reclama su aplicación.

La modificación del apartado 2 del artículo 285 de la Ley de Sociedades de Capital en virtud de la Disposición Final Primera de la Ley 9/2015, de 25 de mayo, sigue siendo una fuente de discrepancias entre los registradores y notarios españoles. La reforma legal, que amplió la competencia del órgano de administración para que este pudiera cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional, en lugar de limitarla al término municipal, provocó numerosos recelos y debates acerca del alcance de las previsiones estatutarias al respecto previas a la reforma.

Con fecha 30 de marzo de 2016, la DGRN ha resuelto una discrepancia derivada de la negativa del Registrador Mercantil y de Bienes Muebles de Granada a inscribir una escritura pública de traslado de domicilio de una sociedad fuera de su término municipal (de Atarfe a Maracena).

La previsión estatutaria de la sociedad anónima, domiciliada en Atarfe, que dio lugar al desacuerdo, tenía la siguiente redacción: "(…) Los cambios de sede dentro del mismo municipio se realizarán por acuerdo del Consejo de Administración. (…)".

En esta situación el Registrador adoptó una posición compartida por un gran sector de la doctrina, entendiendo la previsión descrita como "facultad para cambiar el domicilio social únicamente dentro del mismo término municipal".

Por otra parte, el Notario autorizante de la correspondiente escritura alegó que la previsión en cuestión no hacía más que replicar lo establecido por el artículo 285.2 de la Ley de Sociedades de Capital vigente en el momento de aprobación de los estatutos y que, de ninguna manera, reservaba la competencia para el traslado de domicilio a la Junta general, por lo que no podía hacerse una interpretación restrictiva del mismo.

En términos generales, la sociedad en cuestión, como muchas otras sociedades, reproducía la disposición legal vigente a la aprobación de los estatutos. Resulta dudoso, en ese caso, el impacto de la reforma legal sobre la competencia de su órgano de administración. ¿Puede entenderse que un artículo de los estatutos sociales de una sociedad que establece la competencia del órgano de administración para trasladar el domicilio social dentro del término municipal tiene carácter restrictivo sobre la competencia atribuida legalmente tras la reforma? ¿Deben modificarse los estatutos para que el órgano de administración pueda trasladar el domicilio dentro del territorio nacional?

A pesar de que la naturaleza de los estatutos sociales es más normativa que contractual, la interpretación de preceptos estatutarios debe estar presidida por la búsqueda de la voluntad de los socios, en el sentido del artículo 1281 del Código Civil, que, en todo caso, debe prevalecer sobre el tenor literal. Cuando los estatutos se remiten, sin más, a la ley, puede aceptarse que lo hacen a la que resulte de aplicación cuando sea necesario (y no necesariamente a la norma vigente al redactarse), como en anteriores ocasiones ha manifestado la DGRN. Cuando se reproduce el contenido, sin embargo, esta conclusión no puede ser tan nítida.

A este respecto, la RDGRN de 30 de marzo, recordando una Resolución anterior, de 3 de febrero, establece que cualquier referencia que se hace en los estatutos a las disposiciones legales, tanto por medio de remisión como reproducción, debe interpretarse como la voluntad de los socios de someter la sociedad al correspondiente régimen legal supletorio establecido en cada momento. Consecuentemente, en este caso la DGRN sostiene que será directamente aplicable el artículo 285.2. de la Ley de Sociedades de Capital en su nueva redacción; es decir, el Consejo de Administración de la sociedad en cuestión resulta competente para trasladar el domicilio social dentro del territorio nacional.

La citada resolución puede resultar polémica, porque la interpretación de la voluntad de los socios que hace la DGRN determina que estos, al aprobar los estatutos que remiten o reproducen las disposiciones legales, consienten ex ante cualquier ulterior modificación de los mismos por efecto de una reforma legal, lo que puede resultar muy discutible. Este criterio puede tener un efecto expansivo a otras previsiones estatutarias y no puede ser ignorado al redactarse los estatutos sociales. En tal sentido, debería prestarse mucha atención en el habitual modo de abordar su elaboración a través de la reproducción de las disposiciones legales vigentes. Esta metodología puede someter indebidamente a la sociedad y a sus socios minoritarios a la voluntad del legislador.

La presente publicación no constituye opinión profesional o asesoramiento jurídico de sus autores. Este post ha sido elaborado por miembros del departamento de Corporate / M&A. Para cualquier duda, póngase en contacto con Luis Miguel de Dios.

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