Propuestas tributarias y pensionales de los candidatos presidenciales para la segunda vuelta electoral (Colombia 2022)

La jornada electoral celebrada el pasado 29 de mayo de 2022 definió que habrá lugar a una segunda vuelta y que se llevará a cabo el próximo 19 de junio, donde el país escogerá entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. Mucho se discute sobre los candidatos y sus diferencias, pero poco se hablado del contenido puntual de sus propuestas. En esta ocasión buscamos que el electorado conozca las principales características de los programas de gobierno de los dos aspirantes que irán a la segunda vuelta electoral, en materia pensional y tributaria. 

Rodolfo Hernández

En asuntos fiscales

En materia fiscal el candidato no pareciera proponer una reforma estructural, aunque si aborda el panorama fiscal enfocándose en los 2 impuestos con mayor representación en términos de recaudo fiscal, siendo el IVA y el impuesto sobre la renta por: (i) componer aproximadamente el 90% del recaudo nacional, y (2) por ser ambos determinantes en la estabilidad económica del país. 

Hernández particularmente enfoca su propuesta de gobierno en torno al IVA, proponiendo modificar o regular las clasificaciones que actualmente existen en torno a bienes y servicios sujetos a IVA, exentos de IVA o excluidos de IVA, por cuanto estas diferencias conllevan en algunos casos a que se generen grandes IVA´s descontables susceptibles de ser solicitadas en devolución. Según Hernández, el IVA descontable “seduce a muchos evasores fiscales quienes mediante estructuras organizadas buscan elevar los reportes del IVA pagado”. 

Por otra parte, Hernández también señala que los IVA excluidos a ciertos bienes y servicios impiden la utilización de la figura del “IVA descontable” toda vez que los IVA pagados por los productores no son recuperables vía saldos a favor, y por lo tanto, terminan aumentando los costos de la producción. Ante esta situación, resulta previsible que el empresariado “lo transfiera al precio final de venta del producto y con ellos incremente los gastos de todos los consumidores”. 

Por lo anterior, concretamente Hernández propone:

• Exponer al análisis de expertos, una serie de iniciativas para inhibir la evasión fiscal a través del IVA descontable. 
• Propone adoptar una tarifa general del IVA del 10%, lo cual supondría reducir a casi la mitad el IVA que actualmente se paga al 19%. 
• Mantener la canasta familiar libre del IVA.
• Reclasificar ciertos bienes y servicios de excluidos a exentos o gravados, según se analice. 

Según Hernández, las propuestas antes descritas, al afectar la posibilidad de solicitar en devolución la figura del IVA descontable, se desincentivaría el fraude del IVA al mismo tiempo en que se aumentaría su recaudo (a pesar de la reducción de tarifa que en principio, beneficiaría al consumidor final) con lo cual se esperaría un efecto positivo en materia de recaudo. 

En materia del impuesto sobre la renta, su programa de gobierno no ahonda mucho, aunque menciona las siguientes:

• Intervenir para las empresas recién constituidas estén exentas de cargas tributarias hasta lograr un equilibrio. 
• Intervenir en las altas cargas tributarias de pequeñas y medianas empresas que impiden la competitividad. 
• Sugiere, la necesidad de profundizar la entrada en vigor del beneficio de descuento en renta para la contratación de empleados que sean menores de 28 años y cuando se trate de su primer empleo, la cual considera una herramienta importante para vencer la informalidad. 

Respecto de otros impuestos o política tributaria señala:

• Adoptar un Estatuto Tributario Territorial para: (i) Regular o incrementar la base de ingresos territoriales, (ii) simplificar y diferenciar impuestos territoriales, e (ii) introducir impuestos compartidos con el gobierno central. Adicionalmente propone la adopción de reglas claras para el gasto y funcionamiento de entidades territoriales, la creación de un Sistema Único de Control y Vigilancia de los recursos públicos y la gestión territorial y modernizar la hacienda pública de los municipios.
• Se propone en actualizar el catastro con miras a incrementar el impuesto predial.
• Propone eliminar el 4x100 de forma definitiva.  

En materia pensional:

El candidato plantea la necesidad urgente de una reforma pensional, por cuanto el país tiene un número significativo de adultos mayores que no han podido acceder a una pensión digna y enfrentan problemas para su supervivencia. 

Las principales propuestas en materia pensional que propone son las siguientes:

• Impulsar una unidad de criterio, donde las Altas Corte definan nuevas directrices relativas al reconocimiento o cambio de beneficios dentro del sistema pensional, de tal manera que todas las personas en igualdad condiciones reciban los mismos derechos y con el fin de lograr un ahorro en el gasto público.
• Autorizar la devolución de saldos pequeños dentro del Programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), cuando se demuestre el esfuerzo en el ahorro de la persona afiliada. Tal medida deberá enlazarse con el Programa Colombia Mayor, con el fin de asegurar un ingreso mínimo para muchos adultos mayores.
• Otorgar pensión a adultos mayores que no hayan cumplido los requisitos hasta hoy vigentes, en forma de renta básica, entendiendo la renta básica como un ingreso económico mensual por familia, de hasta un salario básico ($1.000.000), además de un apoyo adicional para cubrir riesgos de salud.
• Revisar e implementar una carga impositiva a los pensionados privilegiados, como una medida que equilibre la pirámide en que se ha convertido el sistema pensional colombiano, en el que muy pocos reciben pensiones altas y la gran mayoría -en la base- recibe pensiones bajas.
• Reformar a la Administradora de Pensiones - Colpensiones para permitir la captación de ahorros, de manera que pueda competir con los fondos privados en el manejo de los recursos para la generación de inversiones más diversas.

El candidato Hernández, dentro del capítulo para la Protección a la Vejez, plantea una revisión de las políticas de seguridad social para la tercera edad, en especial para aquellos adultos mayores que no han cumplido los requisitos para recibir una pensión de vejez, en cuyo caso propone revisar la política de los BEPS, con el fin de incrementar el valor del reconocimiento al menos de medio salario mínimo ($500.000).

En la sección sobre deporte y recreación, el candidato Hernández propone lo siguientes:

• Pensionar a campeones olímpicos, mundiales, paralímpicos, panamericanos y bolivarianos, por vía legislativa con una mesada pensional equivalente hasta del 30% de un salario que recibe un embajador de nivel básico y eventualmente, a quienes hayan participado aun cuando no hayan ganado medallas y cada caso se analizará individualmente. 

En entrevista para el canal de noticias RTVC del 16 de mayo de 2022 con el periodista Álvaro García, el candidato Hernández expuso algunos planteamientos en materia pensional, de los cuales cabe destacar lo siguiente:

Describe que el Sistema General de Pensiones está conformado por dos regímenes y hace especial énfasis en los regímenes especiales conformados por parlamentarios, congresistas, algunos docentes y altos mandos de las fuerzas militares, los cuales en consideración del candidato son “inconstitucionales” por otorgar privilegios con los que no cuentan la mayor parte de la población colombiana y para quienes debe destinarse un porcentaje considerable del presupuesto nacional.

El candidato ha considerado que estos esquemas pensionales van en contra vía de los lineamientos y los requisitos exigidos por el régimen pensional de Prima Media, administrado por Colpensiones. Sin embargo, Hernández es consciente que debe respetar los derechos adquiridos consagrados en la Constitución Política, pero no dejará de consultar a la ciudadanía sobre la necesidad de limitarlos, buscando marchitar las dos contabilidades del sistema de pensiones que actualmente están vigentes.

Gustavo Petro

En asuntos fiscales

En materia fiscal el candidato si menciona varias propuestas que se encuentran regadas en su programa de gobierno y que apuntan a una modificación más estructural en varios aspectos fiscales, por cuanto se parte de la premisa de que “las tarifas efectivas no responden a la capacidad de pago de personas jurídicas y naturales declarantes, con un claro sesgo a favor de las personas excesivamente ricas; el impuesto a la renta no genera redistribución de la concentración del ingreso”. Por lo anterior, Petro propone una reforma estructural que apunte a los siguiente:

•   Desmontar gradualmente beneficios tributarios (incluyendo normas entorno a ingresos no constitutivos de renta, rentas exentas y descuentos tributarios) que en palabras del candidato Petro, proporcionan distorsiones a la competencia, incentivan la extracción minero-energética y privilegian a las personas naturales y jurídicas de altos ingresos y patrimonio. En consecuencia, con esta propuesta Petro propone reducir la brecha entre la tarifa nominal y la tarifa efectiva de tributación.  
• En persona naturales quiere eliminar la diferencia de renta cedulares que actualmente separa el tratamiento de rentas de trabajo, de las rentas de pensiones, de las rentas de rentistas de capitales, las no laborales y las de dividendos a una única cédula por cuanto considera que esta división favorece a las personas más ricas y de mayores ingresos. 
• Bajo la premisa anterior, Petro propone que sea obligatorio decretar dividendos en al menos un 70% (recordemos que actualmente no es necesario que las empresas decreten dividendos, es decir, que se causen a favor de los accionistas por lo que pueden permanecer en el patrimonio de la empresa sin ser distribuidos). 
• Propone aumentar el impuesto a los dividendos y el de ganancial ocasional.
• Propone no hacer negocios con empresas en paraísos fiscales salvo que se obligue a dichos paraísos fiscales a suministrar información automática de los nacionales. 
• Propone desincentivar los latifundios improductivos a través de pago de impuestos.
• Realizar actualizaciones catastrales y propone el aumento de tarifas con destinación especifica enfocada hacia la producción de bienes públicos y economías campesinas. 
• Adoptar un instrumento tributario asociado al uso del suelo urbano, entorno a conceptos como tributos de cargos por congestión, entre otros distintos tipos de tasas de impacto, sin describir claramente la estrategia y a quienes estará dirigido, pero que en principio serán destinados mejorar el transporte férreo, eléctrico y de ciclo-rutas.
• Se revisará las normas entorno a vivienda VIS y VIP, así como propender por una mayor tributación de los lotes de engorde, dada la función social de la tierra.  
• Respecto de impuestos al comercio internacional, como los aranceles, no solo propone renegociar tratados de libre comercio sino eliminar gradualmente aquellos que estimulen la industria nacional y se aumentarán aquellos que no tengan valor agregado como mecanismo de defensa comercial, bajo la premisa que “La política de aranceles será diseñada, implementada y evaluada de acuerdo con el criterio principal de mantener e incrementar la fuerza de trabajo nacional y preservar la vida”. 

En materia pensional:

El candidato presidencial resalta la necesidad de una reforma pensional que se basará en un Sistema de pensiones unificado, mayoritariamente público, complementario y no competitivo, en el cual el derecho a la pensión será una garantía estatal fundado en el principio de solidaridad, en especial para todos los adultos mayores y principalmente, para aquellos que no han cumplido requisitos legales para causar una pensión de vejez.

Propone garantizar el acceso a la pensión como derecho para todos los adultos mayores de la economía popular, además del reconocimiento a la mujer en los trabajos de cuidado y en este orden, creará un mecanismo de solidaridad pensional, donde el Estado sufrague las cotizaciones de los trabajadores de la economía popular y del cuidado, favoreciendo principalmente a personas que no pueden contribuir al Sistema, por su bajo nivel de ingresos.

Propone un modelo, con un sistema de pilares en el cual se busca que tanto el régimen de prima media (Colpensiones), como el de ahorro individual se complementen entre sí, estableciendo tres lineamientos:

1. Pilar solidario básico con la garantía de un ingreso económico de medio salario mínimo ($500.000) para adultos mayores que no tienen derecho a la pensión.
2. Pilar contributivo con cotización obligatoria en Colpensiones para personas con ingresos entre 1 a 4 salarios mínimos, lo que asegurará una pensión básica en el régimen de prima media.
3. Ahorro voluntario para personas con ingresos superiores a 4 salarios mínimos, quienes cotizarán el excedente en los fondos privados de pensión.

En su programa de gobierno destaca que respetará los derechos adquiridos y las expectativas legítimas de pensión, por lo que no incrementará la edad de pensión ni modificará la pensión de sobrevivientes. 

Así mismo propone, cerrar la brecha pensional entre las semanas mínimas de cotización y la edad de las mujeres para el reconocimiento de pensiones de vejez.

Finalmente hace referencia a mecanismos alternativos en caso de semanas faltantes, para reemplazar la devolución de saldos o la indemnización sustitutiva, por instrumentos que permitan pagar los aportes restantes y buscar que mayor población pueda acceder al derecho a una pensión.

Recapitulando sobre los programas de gobierno en materia pensional de ambos aspirantes a la presidencia, sigue quedando en el tintero el mecanismo de administración y rentabilidad de los recursos, para lograr financiar los beneficios adicionales que pretenden reconocer. Sin embargo, no encontramos lineamientos objetivos y técnicos sobre buenas prácticas en materia organizacional y métodos de anticorrupción. 

Así mismo, consideramos que las propuestas relativas a los derechos adquiridos donde ambos candidatos afirman que respetaran, deja abiertos varios interrogantes sobre cuáles de éstos específicamente hacen referencia. Por un lado, Hernández propone nivelar la pirámide de las pensiones ya reconocidas y, por su parte, Petro busca reducir los requisitos pensionales para las mujeres, con relación a las semanas de cotización, lo que implicaría una reforma y un cambio estructural al sistema pensional.