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A propósito del derecho de información del socio: su alcance (SAP Barcelona de 9 de diciembre de 2013).

30/04/2014

Traemos a colación en esta ocasión la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), de 9 de diciembre de 2013, la cual, como otras, están consolidando el criterio interpretativo establecido en torno al derecho de información del socio por nuestro Tribunal Supremo en su reciente sentencia de 19 de septiembre de 2013.

I.- Antecedentes

a) Un socio minoritario de una sociedad limitada en liquidación –y titular de más del 5% del capital social-, tras recibir la convocatoria de la Junta Ordinaria de Socios, remitió burofax a la sociedad solicitando, al amparo del derecho de información previsto en el artículo 272.3º del TRLSC, examinar en el domicilio social los documentos que habían servido de soporte y antecedente a las cuentas anuales formuladas.

En su solicitud relacionó, exhaustiva y minuciosamente, además de los libros contables, las facturas, albaranes, listado de existencias y resto de documentación soporte de las transacciones de la sociedad, para su puesta a disposición.

b) Examinada la documentación contable en el domicilio social acompañado de un auditor de cuentas, el minoritario formuló queja por la ausencia de información y puesta a disposición de la integridad de la documentación exigiendo, además, aclaración sobre concretos apuntes contables de varios años atrás.

c) No habiendo sido facilitada la información requerida ni obtenida explicación sobre las pretendidas irregularidades contables detectadas, el socio reiteró, previamente y en el propio acto de la Junta de Socios, su vulneración del derecho de información;

d) El acuerdo de aprobación de las cuentas anuales fue objeto de impugnación por el minoritario siendo que la sociedad demandada en su contestación le imputó una conducta abusiva y de entorpecimiento de la vida social con solicitudes de información injustificadas y, más concretamente:

  1. Su innecesaridad desde la perspectiva del derecho de voto pues (i) el socio parece que, por la conflictividad social preexistente, ya tenía decidido previamente el sentido de su voto y (ii) que la sociedad había sido siempre auditada.
  2. Y la extralimitación del derecho de información al referirse éste a cuestiones carentes de conexión con los puntos del orden del día sometidos a votación; y al no amparar el derecho de información (i) la solicitud de fotocopias de documentos ni de asientos contables máxime al referirse a balances de ejercicios muy anteriores al sometido a votación ni (ii) un contraste y cotejo ilimitado de la contabilidad con la documentación soporte de las cuentas anuales cuya aprobación se pretendía.

e) La resolución del Juzgado de lo Mercantil número 7 de Barcelona sentenció en su fallo la inexistencia de una infracción del derecho de información al no alcanzar éste a una investigación de la contabilidad o de la documentación que le sirve de soporte sino que debe quedar limitado o circunscrito a los estrictos documentos que, según lo que expresa el artículo 272, han de ser sometidos a la aprobación en la junta, así como al informe de gestión y de auditoría de cuentas.

Todo ello, como reconoció la sentencia recurrida, sin perjuicio del derecho de petición de aclaraciones o informes acerca de los asuntos que formen parte del orden del día.

f) Apelada ésta por el socio minoritario, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que analizamos dio la razón a éste al concluir, con una interpretación extensiva, que los documentos a los cuales se refiere el art. 272.3º del TRLSC no son exclusivamente los libros contables obligatorios sino que son todos los documentos contables que sirven de apoyo y soporte a sus asientos.

II.- Comentarios

Esta Sentencia no viene sino a seguir el criterio que el Tribunal Supremo en su sentencia de 19 de septiembre de 2013 sentó al dejar de conceptuar el derecho de información del socio como un mero derecho instrumental y accesorio del derecho de voto para convertirse en un derecho autónomo comprensivo de cualquier contenido relacionado con el orden del día de la Junta sin más límites que su ejercicio tempestivo y de la proscripción del abuso del derecho y del ejercicio antisocial del mismo.

No serán, por tanto, sino los jueces a quo los que, en cada caso concreto, habrán de deslindar los contornos imprecisos del contenido de facultades del derecho de información.

En cualquier caso, el Tribunal Supremo sí aprovechó la ocasión para esbozar cuáles hayan de ser las circunstancias relevantes a ponderar por el juzgador. A saber:

a) la mayor o menor caracterización de la sociedad como cerrada, sea anónima o limitada, pues mientras más se aleje la estructura de la sociedad de su naturaleza personalista e intuitu personae y más se aproxime a su configuración como abierta menor justificación tendrá el acceso directo del socio a una generalidad de soportes y antecedentes de la contabilidad;

b) la naturaleza de los documentos solicitados y su vinculación con cuestiones especialmente relevantes o controvertidas de la vida societaria como las que son objeto de mención obligatoria en la memoria (retribución de administradores y/o consejeros, entre otras);

c) el carácter abreviado o no de las cuentas anuales formuladas pues una reducción de la información contenida en las mismas implicará una reducción de los datos contenidos en las mismas y justificaría, por consiguiente, una mayor amplitud en la solicitud de información y documentación;

d) la existencia de indicios razonables de actuaciones irregulares del órgano de administración, por razones obvias;

e) la perturbación que la solicitud de información formulada por el socio pudiere suponer para el desarrollo de la actividad del órgano de administración y para la estructura administrativa de la sociedad, por su volumen o complejidad;

f) y, desde un punto de vista finalista, el riesgo de ruptura del equilibrio entre los derechos del socio y el gobierno societario a fin de evitar, por un lado, la paralización de los órganos sociales y, por otro, los abusos de poder y la falta de transparencia.

Y, como decimos, con estos mimbres quedará a discreción del juzgador la valoración de las circunstancias concurrentes para concluir sobre el ejercicio legítimo o no del derecho de información que el socio minoritario reclame.

Más incertidumbres, por tanto, se atisban en torno al alcance y límites del derecho de información.

Fuente
Boletín Mercantil Nº 16 | Enero - Marzo 2014
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