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La Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de septiembre de 2013: el inicio del cómputo de la prescripción de las acciones de daños por infracciones de competencia.

23/01/2014

Mediante Sentencia de 4 de septiembre de 2013, el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre el cómputo del plazo de prescripción de las acciones por daños y perjuicios resultantes de una infracción del Derecho de la competencia, y en particular, sobre el dies a quo del término prescriptivo de dichas acciones.

El asunto tiene su origen en la acción de daños y perjuicios ejercitada por Céntrica en relación con el abuso de posición dominante cometido por Iberdrola al negarse a facilitarle la información del SIPS (Sistema de Información de Puntos de Suministro), que fue declarado por la –entonces– Comisión Nacional de la Competencia mediante Resolución de 2 de abril de 2009 y sancionado con una multa de 15 millones de euros.

En el caso concreto, ante la reclamación de daños de Céntrica a Iberdrola, tanto el Juzgado de lo mercantil como la Audiencia Provincial entendieron prescrita la acción ejercitada por aquélla al interpretar que el inicio del cómputo del plazo de prescripción se produjo desde que Iberdrola comunicó a Céntrica que podía acceder a la información del SIPS.

Por su parte, Céntrica, como único motivo de casación, defiende que la interpretación del inicio del cómputo del plazo de prescripción realizada por los tribunales de primera y segunda instancia es errónea. Según aquélla, dicho plazo no puede empezar a correr hasta que el perjudicado no tiene un pleno conocimiento del daño que ha sufrido, o al menos está en condiciones de valorar en su conjunto las consecuencias dañosas y cifrar el importe que puede reclamar.

Pues bien, como veremos a continuación, el Tribunal Supremo ha estimado el recurso presentado por Céntrica al concluir que la prescripción de la acción por daños y perjuicios comienza a contar desde que el perjudicado pudo cuantificar el daño causado por la infracción de derecho de la competencia, y no desde que pudo tener conocimiento del daño.

En primer término, el Tribunal Supremo confirma que la acción ejercitada por Céntrica se trata de una acción de responsabilidad extracontractual, y por tanto regulada en el artículo 1.968 del Código Civil, que establece que las acciones relativas a las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de las que trata el artículo 1.902 del Código Civil prescriben transcurrido un año desde que lo supo el agraviado.

A continuación, apoyándose en la doctrina que impone interpretar restrictivamente el concepto de prescripción en favor del perjudicado y teniendo en cuenta el principio de indemnidad, el Alto Tribunal estima que, en el caso concreto, los daños y perjuicios derivados del abuso cometido por Iberdrola vendrían representados por el lucro cesante, y que dicho lucro cesante no pudo determinarse mientras no se tuvo conocimiento de la información del SIPS. Por tanto, el Tribunal Supremo considera que el plazo de prescripción de la acción debió empezar a computarse desde que Céntrica tuvo acceso efectivo a dicha información, y no desde que la información estaba a su disposición.

A estos efectos, el Tribunal destaca que tal interpretación está en línea con la Propuesta de Directiva adoptada por la Comisión Europea el 11 de junio de 2013, que basándose en el Libro blanco sobre “acciones de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competencia” de 2008, establece como pauta a seguir que “el plazo de prescripción no empiece a transcurrir antes de que una parte perjudicada tenga conocimiento, o se pueda esperar razonablemente que haya tenido conocimiento, de lo siguiente: i) la conducta constitutiva de la infracción. ii) la calificación de tal conducta como infracción del Derecho de la competencia nacional o de la Unión, iii) el hecho de que la infracción le ocasionó un perjuicio, y iv) la identidad del infractor que haya causado ese perjuicio” (art. 10.2 Propuesta de Directiva).

En consecuencia, atendiendo a esta Sentencia y a la doctrina jurisprudencial en la materia, parece que, al menos en el caso español, la Comisión Europea no tiene razones para preocuparse por el hecho de que las acciones de daños prescriban antes de que los perjudicados puedan presentar la correspondiente demanda, si bien el plazo de un año de las acciones por responsabilidad extracontractual dista mucho del plazo de al menos cinco años que sugiere la Propuesta de Directiva (art. 10.4).

Fuente
Boletín Mercantil nº 15 | Octubre - Diciembre 2013
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