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Nuevo horizonte retributivo para eléctricas y gasistas

Post jurídico | Julio 2019

Patricia Sainz de Vicuña y Marta de la Cueva 

La CNMC recorta la retribución del ejercicio de las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural.

Con el fin de dotar de mayor estabilidad al sistema, y para cumplir con las exigencias del Derecho de la Unión Europea, el pasado 5 de julio la CNMC aprobó siete Proyectos de Circulares que tienen por objeto la definición de un marco regulatorio de la retribución de las actividades de transporte y distribución de la energía eléctrica y del gas natural para los próximos años.

Actualmente, y hasta el 9 de agosto de este mismo año, estos Proyectos de Circulares estarán sometidos al trámite de información pública, transcurrido el cual y antes del 1 de enero de 2020, habrán de ser definitivamente aprobados por la CNMC. La elaboración de estas Circulares es una exigencia impuesta por Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero, que transpone las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y del gas natural.

Esencialmente, estas Circulares supondrán un cambio en la metodología de cálculo de la retribución, que afecta al operador del sistema eléctrico (Red Eléctrica de España), al gestor técnico del sistema gasista (Enagás), y a las empresas distribuidoras de energía eléctrica y gas natural. A continuación, analizamos los aspectos más destacados de estos Proyectos de Circulares.

El sistema actual de retribución utiliza como base la rentabilidad del bono español a diez años, más un determinado margen. Sin embargo, estos Proyectos de Circulares prevén, como novedad principal, una metodología explícita para el cálculo de la tasa de retribución financiera, basada en el WACC (Weighted Average Cost of Capital o Coste Medio Ponderado de Capital), una metodología ampliamente utilizada entre los reguladores europeos para el cálculo de la tasa de retribución de las actividades reguladas del sector eléctrico y del sector del gas natural.

La CNMC ha constatado la necesidad de que el sistema retributivo se ajuste periódicamente, para reflejar la realidad financiera y de los mercados. En este caso, se ha decidido ajustarlos por "periodos regulatorios" de seis años. En concreto, el primer período para las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica será el comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2025. Para las actividades de transporte, regasificación y distribución de gas natural, será el comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2026.

Además, son de especial importancia dos de los Proyectos de Circular, cuyas finalidades son, respectivamente, establecer la metodología de retribución del operador del sistema eléctrico y del gestor técnico del sistema gasista. Estos Proyectos incorporan un término de retribución por incentivos, que -según la CNMC- ofrece transparencia y seguridad jurídica tanto al operador/gestor del sistema como a los generadores y comercializadores, así como a los consumidores a los que repercute en última instancia.

De conformidad con la naturaleza del operador del sistema eléctrico y del gestor técnico del sistema gasista y las funciones que desempeñan, la duración de los periodos regulatorios debe ser más corta que la establecida para el resto de las actividades reguladas de este sector. Por todo ello, se establecen periodos regulatorios de tres años. El primer periodo comprenderá los ejercicios 2020 a 2022, ambos inclusive, en el caso de REE; y 2021 a 2023, ambos inclusive, en el caso de Enagás.

Los restantes Proyectos de Circular se refieren a la aplicación de la metodología WACC a cada una de las actividades afectadas. Es decir, a la distribución y transporte de energía eléctrica y de gas natural.

La aplicación de esta nueva metodología supondrá un recorte del 7% de la retribución que reciben las empresas por distribución de la electricidad y de un 17,8% en el caso del gas, lo que también se traducirá en una rebaja de los peajes que pagará el consumidor.

En particular, en el ámbito de las energías renovables el impacto puede ser determinante, ya que, teniendo en cuenta la congestión de las redes debida al alto volumen de puntos de acceso y conexión a la red concedidos a proyectos en desarrollo, y dada la necesidad de cumplir con los objetivos europeos de integración de las energías renovables, estos recortes podrían frustrar la planificación de redes del operador del sistema y de las compañías distribuidoras, que podrían ver alterados sus cálculos de rentabilidad en el futuro. En consecuencia, todo ello podría obstaculizar el cumplimiento de los objetivos fijados por la Unión Europea en materia de descarbonización y, en definitiva, pondría en riesgo las inversiones necesarias para avanzar en la transición energética. A ello ha de sumarse la inseguridad jurídica que se genera en numerosos inversores nacionales y extranjeros, que confiaron en la estabilidad regulatoria del sector eléctrico español a la hora de planificar sus inversiones.

Por lo que respecta al sector gasista, los recortes son significativamente más altos, con el consiguiente perjuicio para las empresas del sector, algunas de las cuales ya han anunciado la paralización temporal de sus inversiones en España.

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