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Reglamento (UE) Nº 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 sobre el abuso de mercado (Reglamento sobre abuso de mercado) y por el que se derogan la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y las Directivas 2003/124/CE, 20034/125/CE y 2004/72/CE de la Comisión. Andrés Álvarez Sala

28/07/2014

Desde la entrada en vigor de la Directiva 2003/6/CE, que completó y actualizó el marco jurídico de la Unión para la protección de la integridad de mercado, los cambios legislativos y tecnológicos han exigido la redacción de un nuevo instrumento legislativo que asegure la uniformidad de las normas y la claridad de los conceptos en materia de abuso de mercado. Con la aprobación de este Reglamento, se pretenden conseguir dichos fines, estableciendo una interpretación uniforme del concepto de abuso de mercado: “conductas ilegales en los mercados financieros”, a saber, la realización de operaciones con información privilegiada, la ilícita comunicación de la misma y la manipulación de mercado.

En los últimos años se ha extendido el uso de los instrumentos negociados en sistemas multilaterales de negociación (SMN), sistemas organizados de contratación (SOC) o que únicamente se negocian en mercados no organizados (OTC). Sobre estos, instrumentos financieros no versaba la Directiva 2003/6/CE, que se detenía en los instrumentos negociados en mercados regulados. El Reglamento incorpora al ámbito de regulación comunitaria los mencionados instrumentos financieros.

El Reglamento define las operaciones con información privilegiada como las operaciones de mercado en las que se obtiene una ventaja injusta como consecuencia del uso de información privilegiada, en detrimento de terceros que desconozcan dicha información. Se establece una presunción de culpabilidad (sin perjuicio del derecho de defensa) sobre aquellas personas, físicas o jurídicas, que posean información privilegiada, que realicen operaciones de mercado a las que se refiere esa información. Las autoridades competentes deben analizar qué es lo que una persona normal y razonable conoce o hubiese debido conocer atendiendo a las circunstancias de cada caso. Los agentes del mercado valorarán qué información es privilegiada o no, teniendo en cuenta la publicidad de la información y el posible efecto sobre los instrumentos financieros negociados antes de la publicación o distribución de la información (excluyendo así los análisis y cálculos elaborados a partir de datos públicos).

Para evitar la prohibición de actividades financieras lícitas (donde no hay abuso de mercado) se admiten determinadas conductas. Así, se dispensan de la posibilidad de incurrir en abuso a los creadores de mercado y a los intermediaros que actúan en nombre de personas que sí operan con información privilegiada. Por el mismo motivo se permite la elaboración propia de planes y estrategias de negociación.

Las prospecciones de mercado no se consideran, por sí mismas, abuso de mercado. El Reglamento reconoce la importancia de este instrumento y admite que puede conllevar una comunicación de información privilegiada. Por ello establece un procedimiento para admitir la comunicación de información privilegiada. La comunicación de dicha información será considerada legítima si se comunica en el ejercicio normal del trabajo o profesión de una persona y con el consentimiento de la persona a la que se la revela. Esa persona debe conocer que la información es privilegiada, que su capacidad para negociar y actuar sobre base de la misma está limitada, que debe proteger su confidencialidad y que debe dar a conocer al participante del mercado que realiza la prospección, la identidad de las personas a las que se comunica la información con la finalidad de elaborar una respuesta. Esta norma tiene una importancia trascendental en relación con las operaciones de adquisiciones de empresas en las que los administradores de la transmitente o algunos de sus socios informan al eventual adquirente de datos que no son públicos, ya que delimita el ámbito en el que el adquirente puede hacer uso de la misma para adquirir la empresa o paquetes significativos de su capital.

Para evitar las operaciones que se realicen con información privilegiada se establece un deber general para los emisores de instrumentos financieros de difusión pública de la información privilegiada, que se podrá retrasar cuando dicha comunicación perjudicase sus intereses legítimos y el retraso de la comunicación no indujera a confusión o engaño al público, siempre que el emisor pueda garantizar la confidencialidad de la información. El deber de difusión pública podría ser perjudicial para las PYMES, en este sentido el Reglamento permite e insta a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) a elaborar directrices que, sin comprometer la protección de los inversores, ayuden a los emisores a cumplir su obligación.

La prohibición de manipulación de mercado se extiende a cualquier conducta que intencionadamente cause confusión o engaño en los mercados financieros. Se incorpora una lista (no excluyente) de actividades de manipulación de mercado, que incluye la manipulación de los índices de referencia, la introducción de órdenes que no pueden ejecutarse, la difusión de información falsa o engañosa a través de cualquier medio (inclusive internet) y la omisión de información o hechos importantes. Así mismo, se prohíbe también la tentativa de manipulación de mercado, es decir, el inicio de una acción que manipule el mercado pero que no se acabe efectuando por causas ajenas al actor.

Igualmente, el Reglamento prevé, para la supervisión y sanción de quienes incurran en abuso de mercado, una serie de instrumentos y mecanismos armonizados. Se uniformizan los campos de datos que deben incluir las listas de iniciados y se exige a los emisores que elaboren una lista de las personas que tengan acceso a información privilegiada. Las operaciones de las personas con capacidad de dirección quedan sometidas a algunos requisitos de transparencia. Se exigirá que se publique la pignoración o préstamo de instrumentos financieros y de operaciones con uso de información privilegiada, que realicen por cuenta propia o por personas estrechamente vinculadas a ellos. En fin, se prohíbe entablar negociaciones antes del anuncio de los estados financieros intermedios o del cierre de ejercicio.

El Reglamento recoge un conjunto mínimo de competencias en materia de supervisión e investigación que se debe confiar a las autoridades competentes de los Estados miembros (acceso a locales privados para proceder a la incautación de documentos, acceso a registros telefónicos e informáticos y al registro de tráfico de datos) todo ello sin perjuicio del respeto a los derechos fundamentales. Las autoridades competentes tienen el deber de cooperar entre ellas y la AEVM en los casos de abuso de mercado transfronterizos y con Estados ajenos a la UE. Así mismo se prevé que las autoridades competentes cuenten con un régimen sancionador aplicable en materia de abuso de mercado, considerando incluso la posibilidad de inhabilitar permanentemente a determinadas personas para el ejercicio de funciones de gestión en empresas de servicios de inversión.

Fuente
Boletín Mercantil nº 17 | Abril - Junio 2014
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