La Ley N° 21.708 introduce un cambio relevante en el sector de telecomunicaciones en Chile, fortaleciendo el derecho de los consumidores a acceder a información clara y actualizada sobre los servicios contratados. Esta normativa, que modifica el artículo 30 de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, exige a los proveedores de servicios de telecomunicaciones informar de manera proactiva sobre las opciones más convenientes disponibles en sus propios catálogos, asegurando que los usuarios puedan tomar decisiones informadas, sin barreras ni costos adicionales.
Uno de los puntos centrales de esta ley es la obligación de incluir, en cada boleta de facturación, información sobre planes que sean más beneficiosos para los clientes. Esto abarca servicios equivalentes a un precio menor o planes con mejores características al mismo costo. Además, esta comunicación puede complementarse por correo electrónico, siempre que el usuario haya dado su consentimiento. El objetivo es garantizar que los consumidores no sólo tengan acceso a esta información, sino que puedan actuar con conocimiento pleno de las alternativas disponibles dentro de la misma compañía.
Otro aspecto clave es la exigencia de mantener actualizada la información sobre planes y precios en las plataformas digitales de los proveedores, como sitios Web y aplicaciones. Esto asegura que los usuarios puedan acceder a datos comparables de manera permanente, eliminando posibles desigualdades de información que, en ocasiones, han favorecido la retención de clientes en condiciones menos favorables.
Además, la ley establece que los proveedores deben facilitar el cambio de plan sin imponer multas ni recargos. Esto no sólo promueve una mayor movilidad dentro del catálogo de cada empresa, sino que, también, elimina trabas que podrían desincentivar a los consumidores de optar por condiciones más ventajosas.
Desde la perspectiva de las empresas, la Ley N° 21.708 exige ajustes importantes en sus sistemas internos. La obligación de mantener un inventario actualizado de planes, integrado con los sistemas de facturación y accesible para los consumidores, implica inversiones en tecnología y la creación de procesos para garantizar la precisión y consistencia de la información. Este desafío no sólo demanda recursos, sino también, una gestión eficaz para minimizar errores que puedan derivar en sanciones o reclamaciones. Sin embargo, este esfuerzo también representa una oportunidad para fortalecer la relación con los consumidores, al demostrar un compromiso con la transparencia y la mejora continua de los servicios.
En cuanto a la fiscalización, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) será el encargado de supervisar el cumplimiento de estas obligaciones. Desde su entrada en vigor, el organismo ha comenzado a oficiar a las principales empresas del sector para garantizar que se implementen estas disposiciones desde el primer momento. Sin una supervisión efectiva, el impacto de la ley podría diluirse, dejando a los consumidores en una posición vulnerable.
En definitiva, la Ley N° 21.708 no sólo actualiza las normas aplicables al sector de telecomunicaciones, sino que establece un estándar más alto de transparencia y equidad en la relación empresas-consumidor. Al garantizar que los usuarios conozcan y puedan acceder a las opciones más beneficiosas que ofrece su proveedor actual, esta normativa fomenta un mercado más competitivo. Con su implementación, se abre la oportunidad de consolidar un sector más dinámico y accesible, donde la información y la transparencia sean pilares de una relación más equilibrada entre sus actores.
