Dentro de la cadena productos, los servicios de medios de pago representan costos que, por ser tan constantes y obvios, se callan y, al callarlos, se olvidan. Sin embargo, en Chile el ecosistema Fintech ha dedicado importantes esfuerzos en abaratar y reducir las fricciones de estos procesos. Y aunque se han realizado avances significativos en la determinación de las reglas del juego gracias a la Ley Fintec, seguimos a la espera de legislación en otros ámbitos del derecho, donde la tecnología se fusiona con estos servicios, como es el caso de la protección de datos y la ciberseguridad. No obstante, sigue pendiente una reflexión profunda y acción concreta en cuanto a los servicios relacionados a los medios y sistemas de pago.
En Chile, el ámbito de los medios de pago ha sido históricamente un territorio ambiguo, dominado por una regulación que facilitaba la operación de actores ya asentados como Transbank, los principales bancos y ciertas sociedades de apoyo al giro. Como resultado, numerosas intervenciones oficiales en el sector provienen de litigios o consultas ante el Tribunal de Defensa de Libre Competencia. Incidentes como las controversias tarifarias de Transbank y ciertos cobros del Banco Estado ilustran la profundidad del problema. No obstante, mientras se avanza en competencia e inclusión financiera, emerge una nueva preocupación: las billeteras electrónicas de las Big Techs, que representan una amenaza potencial para un ecosistema de servicios de medios de pago todavía en desarrollo, y con ello, la posibilidad de retrocesos en el progreso logrado frente a las entidades financieras tradicionales.
Hasta la fecha, Chile ha venido construyendo un marco regulatorio basado en la regulación de la actividad bancaria. A medida que existen nuevos productos que parecen acercarse a esta actividad se genera una nueva ley. Por esta razón contamos con regulaciones específicas para emisores de tarjetas de pago y proveedores de cuentas. Adicionalmente, la regulación permitió generar alternativas a Transbank y la nueva regulación de cámaras de compensación de pagos permitirá aumentar la competencia a servicios como el del Centro de Compensación Automatizado. Finalmente, con la Ley Fintec, la CMF deberá regular a los iniciadores de pagos y existe un proyecto de regulación para los proveedores de servicios de procesamiento de pagos por parte del Banco Central.
Más allá de la tecnicidad de la regulación y de las diversas categorías de entidades que intervienen, es esencial recordar que el propósito fundamental de estos esfuerzos es transferir valor de un punto a otro de una forma eficiente y accesible. Lo anterior corresponde a uno de los objetivos de la planificación estratégica del Banco Central. De la misma manera la CMF está avanzando en una adecuada implementación del Sistema de Finanzas Abiertas. En paralelo, las fintechs avanzan en generar la tecnología necesaria para optimizar estas transacciones, minimizando las fricciones y reduciendo costos.
Mientras estamos a la espera de la actividad legislativa, es necesario dar mayor claridad sobre el ámbito de fiscalización y política de persecución a ciertas actividades por parte de las autoridades, así como las acciones y tácticas que pueden asumir los grandes actores. Ejemplos de esto son la denuncia de Cumplo ante el Ministerio Público, el cierre de cuentas bancarias a los exchanges de criptomonedas y los riesgos de ventas atadas realizadas por las Big Techs en sus plataformas y servicios de pago a nivel internacional.
En definitiva, el dinamismo propio del sector fintech y, en particular, de los servicios de medios de pago en Chile, revela una historia compleja y en constante evolución. Si bien hemos visto avances regulatorios significativos, siguen pendientes desafíos importantes, especialmente con la irrupción de las Big Techs. En este entorno, hay un pilar fundamental que no debe olvidarse: la certeza jurídica. Ante los proyectos legislativos pendientes, el regulador y fiscalizador pueden contribuir a ofrecer claridad y seguridad a las fintechs emergentes. Estas empresas están altamente motivadas a autorregularse, proteger a sus usuarios y fortalecer su reputación. Una comunicación abierta y efectiva con las autoridades como la CMF y la UAF beneficiaría no solo al consumidor, sino también al ecosistema financiero en su conjunto. El reto es equilibrar progreso, inclusión y transparencia, asegurando soluciones justas y accesibles.
