Gerentes bajo la lupa

Con motivo de la Ley 30424, Ley que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas, las empresas comenzaron a adoptar medidas internas orientadas a prevenir y mitigar riesgos penales. Ello se reflejó en la implementación masiva de programas de cumplimiento, diseñados para evitar sanciones que puedan afectar gravemente la continuidad del negocio.

No obstante, en muchos casos se ha dejado en un segundo plano un aspecto crítico: la protección individual de los trabajadores, especialmente de quienes ocupan cargos de dirección o responsabilidad. Así, situaciones como la responsabilidad del gerente frente a accidentes de seguridad y salud en el trabajo, la del jefe de obra en proyectos inmobiliarios, o la de funcionarios que validan información ambiental inexacta, evidencian una realidad ineludible: el riesgo penal para gerentes, representantes legales y jefes de área es constante y concreto.

En este contexto, enfrentar una citación fiscal, un requerimiento policial o una investigación penal sin asesoría especializada puede tener consecuencias graves, tanto para la empresa como para la esfera personal del trabajador. Declarar sin preparación, remitir información sin evaluar contingencias o asumir una investigación sin acompañamiento legal adecuado puede comprometer seriamente la posición jurídica de los involucrados.

Frente a ello, compartimos algunas recomendaciones generales que pueden orientar a los miembros de la organización ante este tipo de escenarios:

• Delimitación clara de funciones y responsabilidades, asegurando estar en condiciones de probarlas. 
• Autoregulación organizacional, con estructuras definidas y adecuada delegación de funciones. Es importante precisar las competencias de cada cargo, las decisiones que pueden adoptarse y las obligaciones asumidas, mediante documentos actualizados y con fecha cierta. 
• Implementación de protocolos de actuación y estándares de debida diligencia frente a situaciones de riesgo. 
• Desarrollo de políticas corporativas específicas según la materia, tales como políticas antisoborno, de contratación de terceros y proveedores, y de seguridad y salud en el trabajo, entre otras. 
• Evidencia de supervisión efectiva, que demuestre no solo la existencia de documentos, sino su aplicación real y constante actualización. 
• Coordinación entre las áreas de recursos humanos, legal y compliance, garantizando que toda información susceptible de ser remitida a una autoridad sea previamente revisada. 
• Recomendaciones para declaraciones de testigos, a fin de que puedan declarar conforme a sus funciones y dentro del marco legal, evitando imprecisiones que generen contingencias.

Estas recomendaciones no son exclusivas y excluyentes, ni sustituyen un análisis específico de riesgos penales. Y si bien su implementación no impide la interposición de denuncias, sí permite mitigar riesgos y fortalece la posición de la empresa y sus colaboradores, facilitando una defensa más eficiente y una eventual desvinculación temprana de investigaciones.