Gerentes en la mira: el lado penal de las decisiones empresariales

Las posiciones de gerencia general y gerencia legal son, por definición, cargos de alto riesgo. No porque sus titulares actúen con intención de cometer un delito, sino porque la propia dinámica empresarial es riesgosa, exponiéndose a investigaciones penales, incluso aún cuando la compañía cumple la ley. 

Pensemos en una empresa con todos los controles: programas de compliance, auditorías internas, y protocolos de seguridad y salud en el trabajo. Aun así, el riesgo de ser citado a declarar -y eventualmente ser investigado- es real. En ese contexto, la clave está en anticiparse. Prevenir, contar con una estrategia clara y recibir asesoría adecuada puede marcar la diferencia entre un incidente aislado y un proceso penal de largo alcance. 

Así pues, el riesgo no siempre implica una condena, sino las contingencias penales que derivan de un sistema judicial sobrecargado. Según cifras del Sistema de Información Estadística del Poder Judicial, a setiembre de este año existen más de cinco millones de casos pendientes, de los cuales más de un millón corresponden a procesos penales sin resolver. Suma a esta estadística, la posibilidad que en investigaciones bajo la ley de crimen organizado, estas pueden durar hasta nueve años sólo en etapa de investigación. Las consecuencias reputacionales, económicas y personales de un proceso tan prolongado pueden ser devastadoras. 

Frente a ello, toda empresa debe asegurar una estructura de prevención sólida. Ello importa delimitar claramente las competencias, establecer mecanismos de delegación y autorregulación, mantener protocolos de actuación y debida diligencia, y garantizar la coherencia entre las áreas de Recursos Humanos, Legal y Compliance. También resulta crucial preparar adecuadamente a los colaboradores que puedan ser citados como testigos, evitando los llamados fake compliance, es decir, programas formales que no se aplican en la práctica. 

Si bien no existe una data de cuántas denuncias formuladas contra representantes de una empresa culminan en condena; en investigaciones por lavado de activos, especialistas sostienen que solo el 5% llegan a condena. En lo que respecta a casos por corrupción, la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción y Derechos Humanos si bien muestran un incremento de 62 condenas entre los periodos 2016-2017 y 2018-2019, no es significativa con la cantidad de denuncias que existen. Sin embargo, sí hay una evidencia notoria, existe una tendencia evidencia de mayor persecución penal a nivel corporativo, lo que exige un cambio de mentalidad en las gerencias. 

La primera respuesta debe ser la conciencia del riesgo. Ningún gerente debería acudir a declarar sin asesoría penal especializada. La entrega precipitada de información o la buena voluntad de “colaborar” sin una estrategia definida pueden derivar en imputaciones posteriores. En paralelo, la coherencia interna es indispensable: si las áreas clave no trabajan articuladamente, los programas de cumplimiento terminan siendo solo documentos decorativos. 

Por último, la prevención estructural es el mejor blindaje. La Corte Suprema ha sido clara al establecer que la responsabilidad penal solo puede atribuirse cuando existen ámbitos de competencia definidos y deberes de garantía incumplidos. En otras palabras, una organización desordenada es una invitación abierta a la imputación de sus líderes. 

No se trata de fomentar el miedo, sino de reconocer que las gerencias conllevan riesgos que no deben esperar un desenlace judicial, que puede no llegar nunca. La defensa más eficaz es la que se construye antes de la crisis. Anticiparse no es solo una buena práctica legal: es una estrategia empresarial inteligente.