El pasado 3 de noviembre se comunicó que el Ministerio de Hacienda ha dispuesto de nuevos asesores cuya función exclusiva será la elaboración de un proyecto de Ley Fintech y Open Banking. Ya en abril del año 2019 el Gobierno había anunciado un proyecto de ley sobre la materia sin que a la fecha haya sido despachado.
En los últimos 2 años han existido algunas iniciativas importantes en materia Fintech, en su mayoría liderados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF): (i) el White Paper emitido por la CMF en febrero 2019 con los lineamientos generales para la regulación del Crowdfunding y sus servicios relacionados (como por ejemplo la custodia de instrumentos financieros y servicios de transacción de instrumentos financieros); y (ii) la consulta emitida por la misma CMF hace algunas semanas relativas a la excepción de la obligación de inscripción a determinadas ofertas públicas de valores (que también tiene por objetivo fortalecer el mercado del financiamiento alternativo).
Más allá de quien tome el liderazgo en esta materia se hace absolutamente necesario que exista una regulación integral a la industria Fintech (como es el caso de México y Colombia sin tener que mirar muy lejos). Lamentablemente la falta de regulación hoy actúa como un inhibidor, generando incertidumbre innecesaria en un sector importante de nuestra economía que de todas formas
avanza sin parar.
Un marco regulatorio adecuado entregará la confianza que las empresas Fintech necesitan, y con ello se incentivará y masificará el uso de la tecnología en la industria financiera. Las empresas Fintech en Chile han crecido de manera importante (hoy existen alrededor de 200), y es cada vez más frecuente escuchar casos de éxito asociadas a las mismas. Importante también destacar que muchas de estas empresas favorecen la inclusión financiera, en donde la tecnología es el factor clave que permite llevar servicios a personas que tradicionalmente se encontraban afuera del ecosistema financiero.
