El correcto funcionamiento de la cadena de suministro, en especial para los productos alimentarios, es una preocupación compartida por los Estados miembros y las instituciones europeas al menos desde el fuerte aumento del precio de los insumos en 2007/2008, y que se ha agudizado en el contexto más reciente de crisis económica. Por otro lado, el proceso de consolidación en la distribución moderna ha aumentado sensiblemente su capacidad de negociación frente productores e la industria lo que, unido a la caída del consumo y a los cambios en las preferencias de los consumidores, ha conducido a una situación generalizada de estrechamiento de márgenes, expansión de la marca de distribución, reducción del surtido, etc., afectando al equilibrio en las relaciones comerciales entre los actores implicados.
En los últimos tiempos se han sucedido diversos estudios e iniciativas a nivel nacional y europeo sobre la cuestión, entre las que cabe destacar, por lo que nos afecta, la creación del Foro Europeo de Alto Nivel sobre la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria y, sobre todo, el Informe de la Comisión Nacional de la Competencia sobre las relaciones entre fabricantes y distribuidores en el sector alimentario de octubre 2011.
Como consecuencia de ambas iniciativas, en las últimas semanas se han lanzado dos iniciativas de gran trascendencia. Primero, el 31 de enero la Comisión Europea adoptó un Plan de acción para el comercio minorista y, sobre todo, un Libro Verde sobre prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario y no alimentario, convocando a aquellos interesados a presentar sus opiniones sobre la conveniencia de instaurar medidas, legales o vía autorregulación, para desincentivar o mitigar el efecto de las mismas. Segundo, el 8 de febrero el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, en el que ya se prevén algunas de estas medidas (contratos por escrito, restricción de los pagos comerciales, gestión de marcas y prácticas de imitación, plazos de pago, etc.).
A la vista de lo anterior, resulta oportuno organizar un desayuno de trabajo en el que, entre todos, podamos valorar ambos documentos y su impacto en el día a día de las empresas y, sobre todo, identificar aquellos aspectos que, por acción u omisión, sean susceptibles de mejora. Y para ello, siguiendo las indicaciones de la Comisión Europea, nada mejor que conocer de primera mano la experiencia británica en los tres años de vigencia de la Orden sobre el Código de buenas prácticas para la cadena de suministro (por tanto también para productos de consumo no alimentarios), al que obligatoriamente tienen que someterse los principales grupos de distribución moderna que operan en este país.
A estos efectos, tenemos la suerte de contar con dos socias de CMS en el Reino Unido que han acompañado de cerca a multitud de clientes durante este tiempo (tanto del lado de la industria como del de la distribución), y que tienen un conocimiento directo de los aciertos y fallos del sistema británico, lo que sin duda deberá sernos de gran utilidad para poder llevar a cabo nuestra propia “autoevaluación” y realizar en su caso las propuestas de mejora oportunas.
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