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El Tribunal Supremo avala las autoliquidaciones rectificativas, pero advierte contra los automatismos sancionadores

17 nov 2026 España 7 min de lectura

El Tribunal Supremo, en su Sentencia nº 1192/2026, de 27 de octubre, ha desestimado el recurso interpuesto por AEDAF contra el desarrollo reglamentario del nuevo régimen de autoliquidaciones rectificativas.

La Sala considera que existe cobertura legal suficiente para su regulación y descarta que el nuevo sistema vulnere, por sí mismo, el derecho a la tutela judicial efectiva.

Sin embargo, la sentencia contiene consideraciones especialmente relevantes desde la perspectiva sancionadora: la posterior improcedencia de una devolución obtenida como consecuencia de una autoliquidación rectificativa no permite deducir automáticamente la culpabilidad del contribuyente.

El Tribunal Supremo avala las autoliquidaciones rectificativas, pero advierte contra los automatismos sancionadores

1.- Tribunal

Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda.

2.- Resolución

  • Sentencia nº 1192/2026, de 27 de octubre de 2026.
  • Recurso ordinario nº 260/2024.
  • Ponente: Miguel de los Santos Gandarillas Martos.

3.- Supuesto analizado

AEDAF impugnó las disposiciones del Real Decreto 117/2024 que desarrollan el régimen de las autoliquidaciones rectificativas en IVA, IRPF, Impuesto sobre Sociedades, Impuestos Especiales e Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero.

El nuevo sistema, introducido en la LGT por la Ley 13/2023, sustituye, en los supuestos en los que resulta aplicable y con determinadas excepciones, el tradicional procedimiento de solicitud de rectificación por la presentación de una autoliquidación rectificativa. Cuando de ella resulte una cantidad a devolver, su presentación implica la solicitud de la devolución correspondiente.

Una de las principales objeciones de AEDAF era que este nuevo régimen podía situar al contribuyente que discrepa del criterio administrativo ante un riesgo que no existía en los mismos términos en el sistema anterior: obtener una devolución y verse posteriormente sometido a una comprobación que concluya que aquella devolución era improcedente, con la eventual imposición de una sanción.

4.- Criterio del Tribunal Supremo

4.1 Existe cobertura legal suficiente

El Tribunal Supremo descarta la vulneración del principio de reserva de ley. La Sala considera que el artículo 120 LGT ofrece un marco legal suficiente para el desarrollo reglamentario de las autoliquidaciones rectificativas. En particular, rechaza que la referencia de la LGT a la «normativa propia del tributo» deba entenderse limitada exclusivamente a la ley reguladora de cada impuesto.

El Tribunal entiende, por tanto, que existe una colaboración legítima entre ley y reglamento y concluye que no se ha producido ni exceso reglamentario ni infracción de la reserva de ley.

4.2 El nuevo sistema no impide el acceso a la tutela judicial

La Sala reconoce que la reforma supone un cambio relevante respecto del régimen anterior. Sin embargo, considera que no impide al contribuyente acceder posteriormente a los mecanismos de revisión administrativa y judicial.

Si la devolución es rechazada, podrá reaccionar frente a esa decisión; y si la devolución se produce y posteriormente la Administración comprueba la autoliquidación y practica una liquidación, también podrá impugnar esa regularización.

Por ello, el Tribunal descarta que la nueva regulación vulnere por sí misma el derecho a la tutela judicial efectiva.

4.3 El riesgo sancionador es hipotético, pero el Supremo realiza una advertencia importante

El Tribunal considera que la eventual imposición de una sanción después de una devolución constituye, en el marco de la impugnación directa del reglamento, una situación hipotética que no permite declarar la ilegalidad de la norma.

Pero la sentencia no termina ahí. La Sala recuerda expresamente que el nuevo régimen de autoliquidaciones rectificativas no modifica el Derecho sancionador tributario. Siguen siendo plenamente aplicables, por tanto, las exigencias relativas a la acreditación y motivación de la culpabilidad y la prohibición de establecer una conexión automática entre regularización y sanción.

El Tribunal se remite a este respecto a su Sentencia de 7 de mayo de 2025, recurso de casación nº 4363/2023, y recuerda que corresponde a la Administración acreditar que la conducta sancionada es culpable mediante una motivación «singular y amplia» que evite fórmulas estereotipadas.

4.4 Particular relevancia de la información facilitada por el contribuyente

El Supremo otorga relevancia a que el contribuyente haya cumplido inicialmente su obligación tributaria y que, al presentar posteriormente la autoliquidación rectificativa, facilite a la Administración los datos necesarios para valorar la procedencia de la devolución.

En particular, la Sala señala que, cuando la información facilitada haya sido veraz y completa y el contribuyente haya cumplido correctamente las exigencias propias de la autoliquidación rectificativa, una eventual sanción deberá satisfacer «unos estándares de motivación de la culpabilidad más allá de la mera falta de diligencia».

La consecuencia es relevante: que una comprobación posterior concluya que la devolución era improcedente puede determinar la correspondiente regularización, pero no convierte por sí sola esa regularización en fundamento suficiente de una sanción.

5.- Consecuencias prácticas

5.1 Resultará especialmente importante documentar adecuadamente la rectificación. En las autoliquidaciones rectificativas basadas en una discrepancia jurídica o interpretativa, será conveniente que queden suficientemente identificadas las razones de la rectificación y que la Administración disponga de información veraz y completa para valorar la pretensión.

5.2 La transparencia del contribuyente puede adquirir especial relevancia en sede sancionadora. La sentencia atribuye importancia a la información puesta a disposición de la Administración y a la posibilidad de comprobar la procedencia de la devolución antes de efectuarla.

5.3 Regularización y sanción deberán analizarse separadamente. Que finalmente se considere improcedente la devolución no determina automáticamente la existencia de culpabilidad. Esta deberá acreditarse y motivarse específicamente de acuerdo con las circunstancias concurrentes.

5.4 Las motivaciones genéricas basadas en una supuesta falta de diligencia serán particularmente discutibles. El propio Tribunal exige, en las circunstancias que describe, que la motivación de la culpabilidad vaya más allá de esa mera afirmación.

Conclusión

La Sentencia nº 1192/2026 confirma la validez del desarrollo reglamentario del nuevo sistema de autoliquidaciones rectificativas y rechaza los principales argumentos formulados contra él por AEDAF.

Sin embargo, desde la perspectiva de la litigación tributaria, la sentencia deja una consideración especialmente útil: no cabe establecer una conexión automática entre la posterior improcedencia de una devolución y la culpabilidad del contribuyente que presentó la autoliquidación rectificativa.

Cuando este haya cumplido inicialmente su obligación tributaria y haya presentado después una rectificativa facilitando información veraz y completa que permita a la Administración valorar la procedencia de la devolución, una eventual sanción requerirá una motivación individualizada de la culpabilidad que vaya más allá de la mera invocación de una falta de diligencia.

La sentencia no elimina el riesgo sancionador ni establece una regla general de exclusión de responsabilidad. Pero sí proporciona un argumento relevante para defender que la regularización y la sanción son planos distintos y que esta última debe fundamentarse en la conducta concreta del contribuyente, no simplemente en el resultado de la posterior comprobación.
 

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