El 21 de marzo de 2026 se publicó la Resolución Ministerial Nº 119-2026-MINEM/DM la cual pone a consulta el proyecto de reglamento de la Ley Nº 32190, Ley que crea el Registro Único Consolidado de Personas Afectadas por Derrames o Fugas de Hidrocarburos.
Alcance del Reglamento de la Ley Nº 32190
El reglamento de la Ley Nº 32190 tiene como objeto regular los protocolos para la inscripción en el Registro Único Consolidado de Personas Afectadas por Derrames o Fugas de Hidrocarburos, el proceso de compensación y los mecanismos de supervisión y control.
Su alcance aplica a las empresas que desarrollan actividades de hidrocarburos en el país y que producto de sus actividades haya ocasionado derrames o fugas de hidrocarburos, a partir de la entrada en vigencia del presente reglamento.
Puntos Clave
- Alcance crítico: Aplica a empresas con actividades de hidrocarburos cuyos derrames/fugas superen los 10 barriles (líquidos) o 300,000 pies³ (gas natural).
- Determinación del área: El OEFA validará el área impactada en coordinación con la empresa. Este será el criterio principal para definir quiénes son "personas afectadas".
- Protocolo de registro:
- Los Gobiernos Locales empadronan a los afectados en un plazo de 10 días tras el evento.
- El MINEM, a través de la Oficina General de Gestión Social, publica el Registro Único.
- Cualquier interesado tiene 15 días hábiles para impugnar inclusiones o exclusiones en el registro.
- Protocolo de compensación:
- Las empresas deben proponer y acordar compensaciones en un plazo de 30 días tras la publicación del registro.
- Conceptos indemnizables: Lucro cesante, daño moral y daño a la persona (según Código Civil).
- En caso de disconformidad, el afectado puede solicitar revisión al OEFA o acudir al Poder Judicial.
Disposiciones Relevantes
- Retroactividad excepcional: Se permite la inscripción de afectados por derrames en la costa peruana ocurridos entre el 1 de enero de 2022 y la vigencia de la Ley 32190.
- Supervisión: El OEFA tendrá la facultad de ordenar el recálculo de indemnizaciones si considera que no se aplicaron correctamente los criterios legales.
En síntesis, el proyecto de reglamento establece un procedimiento administrativo rígido que traslada el control del empadronamiento a los Gobiernos Locales y otorga al OEFA una facultad crítica de revisión sobre las valorizaciones de daños. Esto obliga a las empresas del sector a fortalecer sus protocolos de respuesta social y el levantamiento de evidencia técnica desde las primeras 24 horas del incidente, a fin de mitigar contingencias indemnizatorias y riesgos de impugnación en sede administrativa.
