La promulgación de la Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático (2018), y su reglamento (2019) concretizan el compromiso asumido a nivel internacional por nuestro país, siendo trasladado a la agenda nacional con miras a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y, en consecuencia, evitar el aumento de la temperatura en el mundo.
Y es que el reloj climático empezó la cuenta regresiva y los invitados a la mesa somos todos, siendo uno de los más claros desafíos la interacción y articulación de la red de actores estatales y no estatales que participan en la ejecución de las acciones que buscan trasladar la literalidad de la norma a la práctica, es decir, una efectiva gobernanza.
El enfoque holístico de responsabilidades e intereses que representan cada uno de los actores, teniendo a las instituciones como instrumentos, resulta ser un gran reto para la regulación de cambio climático como política pública, en donde algunos aspectos asociados que esta materia aborda particularmente en el Perú son los siguientes:
· Llegar a donde poco se llega: Participación de los actores regionales y locales
En la región, el Perú sigue la tendencia de la poca interacción entre los distintos niveles de gobiernos que terminan por frustrar los objetivos públicos trazados, sin embargo, en el caso concreto de la política de cambio climático, las Estrategias Regionales de Cambio Climático y Planes Locales de Cambio Climático representarán el termómetro que permitirá conocer si realmente se logró dicha articulación política como producto de la misma.
· Crecimiento económico sin emisión de carbono
Resulta relevante la incorporación de esta política pública en el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN), así como el impulso para la toma de decisiones en cada sector económico, en donde constituirá un gran aporte la introducción de instituciones como la economía circular y el nexus approach.
· Sistematización de indicadores y transparencia de la información
Toda normativa tiene que ser dinámica, a partir de la generación de nuevos datos que permanentemente sirvan de referencia para determinar la efectividad de la ley como instrumento de gobernanza ambiental, datos que también permitirán reflejan los avances y, de esa forma, fortalecer la convicción de los actores durante la toma de decisiones.
· Cuentas claras confianza pública duradera: Principio de rendición de cuentas
Este principio ha sido incorporado expresamente en la ley, pero con un tímido desarrollo. A pesar de ello, el desafío asumido con la sola mención ya está trazado y vinculado estrechamente con el principio de transparencia, en tanto se encuentran involucrados bienes públicos como lo son los diferentes componentes ambientales.
Estamos frente a un enorme desafío, pero a la vez una gran oportunidad para demostrar a nivel político, económico y social que es posible obtener efectos positivos visibles en beneficio de ambiente, los cuales permitan sustentar el priorizar en la agenda del Estado estos temas, así como “un alejamiento de la mirada marcada por el uso económico de la naturaleza hacia otra que tutela el valor del medio ambiente en y por sí mismo”.1
1 ONU Ambiente (2018). Gobernanza ambiental y la Agenda 2030. Avances y buenas prácticas en América Latina y el Caribe. Ciudad de Panamá, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, p.39. https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/26756
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