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Con la publicación del Real Decreto 817/2023, España fue el primer Estado miembro de la Unión Europea en aprobar una norma nacional para crear un entorno controlado de pruebas para ensayar el cumplimiento de la entonces propuesta de Reglamento de IA y puso a prueba ese marco antes de que fuera obligatorio. Ahora España tendrá que adaptar este Real Decreto al Reglamento de sandboxes regulatorios de IA para alinearse con el modelo europeo antes de agosto de 2027.
La adopción por España del Real Decreto 817/2023 fue una medida pionera y voluntaria, basada en un texto que por aquel entonces todavía se estaba negociando. La publicación ahora del Reglamento de sandboxes regulatorios de IA cambia el escenario a nivel europeo. De acuerdo al artículo 58 del Reglamento de Inteligencia Artificial ("RIA"), a fin de evitar que se produzca una fragmentación en la Unión, la Comisión adoptará actos de ejecución que especifiquen las disposiciones detalladas para el establecimiento, el desarrollo, la puesta en práctica, el funcionamiento y la supervisión de los espacios controlados de pruebas para la IA. Con este objetivo, el Reglamento de sandboxes regulatorios de IA establece normas comunes que se aplican a todos los espacios controlados de pruebas creados conforme al artículo 57 del RIA. Los Estados miembros deben tener al menos un espacio nacional a más tardar el 2 de agosto de 2027.
La Comisión Europea recomienda, además, poner en marcha proyectos piloto antes incluso de designar formalmente a las autoridades competentes. La experiencia española, impulsada por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial ("AESIA"), encaja con esa recomendación. Ahora habrá que ajustarla a los criterios, modelos y plazos europeos, ya que las autoridades deben usar los modelos del Consejo Europeo de Inteligencia Artificial (el "Consejo de IA") y solo pueden adaptarlos cuando sea estrictamente necesario y esté justificado.
Para las empresas, el Reglamento de sandboxes regulatorios de IA significa que cualquier proveedor o proveedor potencial, incluso en un Estado miembro distinto del de su establecimiento, puede solicitar el acceso al sandbox. La solicitud debe referirse a sistemas aún no comercializados; sistemas que vayan a ser objeto de una modificación sustancial o sistemas que hayan pasado a ser de alto riesgo.
Los criterios de selección que aplicará la autoridad competente para evaluar una propuesta de proyecto de espacio controlado de pruebas son la necesidad de participar por los retos normativos que plantea el proyecto; el potencial de aprendizaje normativo y su escalabilidad; el interés público; la madurez de la propuesta, y el carácter innovador del sistema. La autoridad debe comunicar la decisión en un plazo máximo de tres meses, y la decisión puede recurrirse.
Para las pymes y empresas emergentes, el acceso es prioritario y gratuito para los servicios de orientación, asesoramiento y supervisión. Solo se les pueden repercutir costes excepcionales, con aviso previo y una factura detallada. A las demás empresas se les puede cobrar el coste íntegro, según tasas publicadas al abrir la convocatoria. Los proveedores de terceros países deben designar un representante autorizado en la UE.
Es importante tener en cuenta que participar en el espacio controlado de pruebas no exime de responsabilidad ya que cada participante sigue respondiendo del cumplimiento del Derecho de la Unión.
En el caso de las Administraciones Públicas, tienen un doble papel. Como autoridades competentes, deben garantizar procedimientos transparentes y equitativos, llevar registros seguros, entregar el informe de salida en un plazo máximo de 45 días hábiles y publicar informes anuales. Y como participantes, se benefician del mismo régimen de precios que las pymes. Esto resulta muy relevante para los proyectos de IA en el sector público, un ámbito en el que la Comisión anima a crear espacios sectoriales.
En definitiva, para las empresas y Administraciones Públicas españolas, el espacio controlado de pruebas es una oportunidad de obtener seguridad jurídica, documentar el cumplimiento y acortar el acceso al mercado.