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La clasificación de los productos financieros por riesgo y complejidad como herramienta de reforzamiento de la protección al inversor.

29/10/2014

La reciente crisis económica ha puesto de manifiesto que las obligaciones de información que se imponían a las entidades financieras en relación con la comercialización de sus productos financieros no eran del todo suficientes para la protección del inversor que contrataba esos productos.

Es cierto que determinados productos financieros se configuraron inicialmente para ser adquiridos por inversores profesionales que, con acceso a determinada información fuera del alcance del consumidor o inversor medio, les permitía decidir si la contratación de ese determinado producto era adecuado para sus necesidades o no, quienes , en general, eran conscientes de los riesgos que entrañaba la contratación de este tipo de productos.

No obstante, la dificultad de las entidades financieras para encontrar vías de financiación a través de los medios tradicionales (financiación recurriendo a los mercados de capitales), la sofisticación de los instrumentos financieros y la demanda de los clientes de mayores rentabilidades que las que percibían por sus depósitos, provocó la contratación masiva de productos que inicialmente no estaban concebidos para este tipo de perfiles, sino para aquellos más experimentados.

  • Esta situación ha llevado al supervisor a revisar el cumplimiento de los principios de transparencia informativa de los instrumentos financieros y a imponer la obligación de proporcionar una información más clara, imparcial y no engañosa a los clientes a la hora de prestar servicios de inversión. Esta obligación de información y asesoramiento de acuerdo con el perfil de riesgo de cada uno de los productos financieros se encuentra en la actualidad regulada en la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros (MiFId), que protege a de los inversores mediante la integración de normas de conducta para la prestación de servicios a clientes, normas mínimas relativas al mandato y a los poderes que debe otorgarse a las autoridades nacionales competentes, modificada recientemente por la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014 (MiFid2).En la misma línea, se modificó el apartado 3 del artículo 79 bis de la LMV mediante la ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, que facultaba a la CNMV para requerir a las entidades que, en la información que se entregue a los inversores con carácter previo a la adquisición de un producto, se incluyesen cuantas advertencias considere necesarias relativas al instrumento financiero y, en particular, las que destaquen que se trata de un instrumento financiero no adecuado para inversores no profesionales.

En ejercicio de dicha habilitación, y a la espera de la adaptación a la nueva directiva europea, la CNMV ha decidido impulsar el establecimiento de una serie de medidas tendentes a reforzar la protección al inversor. Este documento fue sometido a consulta con las entidades financieras y asociaciones de consumidores construido sobre la base de una clasificación e identificación de los instrumentos financieros. Su objeto es la mejora de la información precontractual sobre instrumentos financieros mediante la inclusión de información sobre el grado de complejidad y el nivel de riesgos de estos en la documentación que reciba el inversor. El nivel de riesgo se representa gráficamente mediante una escala progresiva piramidal, identificando por colores del verde al rojo, los instrumentos financieros con menor riesgos de aquellos que presentan un riesgo más elevado. Por otra parte, las correspondiente advertencias en relación con la complejidad y riesgo de liquidez de cada uno de los productos financieros se acompañan de diferentes iconos: una exclamación, en la que se advierte que el producto es complejo y puede ser difícil de comprender o dos exclamaciones cuando el producto, además de complejo, se considera que no es adecuado para inversores no profesionales y un candado, que se refiere al grado de liquidez y disponibilidad de la inversión antes del vencimiento y si es posible registrar pérdidas en caso de venta anticipada. Junto a estas advertencias, debe constar la firma del cliente junto con un texto manuscrito que refuerce su consentimiento informado.

No obstante, puesto que el supervisor no puede prohibir a las entidades de crédito comercializar estos productos financieros, las anteriores medidas tendría un efecto de advertencia o disuasorio, para permitir a los inversores no profesionales disponer de información que puede ser muy relevante en relación con su decisión de invertir, de manera que el contratante del producto en cuestión pueda conocer bien todas las características del producto con mayor claridad y tomar la mejor decisión respecto de la contratación de un producto u otro.

A pesar de estos esfuerzos del regulador por evitar situaciones de malas prácticas en la comercialización de productos financieros de alto riesgo pasadas y de la reciente experiencia sufrida con la contratación de productos especialmente complejos y sofisticados para el inversor minorista, se está observando la vuelta de los inversores a la contratación de productos de mayor riesgo que ofrecen rentabilidades mayores a las de los productos tradicionales como los depósitos o los bonos y obligaciones del estado. Por ello, el papel de la CNMV es vital para asegurar que los inversores se encuentran suficientemente advertidos sobre las características de estos.

Fuente
Boletín Mercantil Nº 18 | Julio - Septiembre 2014
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