La tasa Google y la neutralidad de la red

El pasado lunes 21 de enero Orange Francia hizo público un acuerdo por el que Google se compromete a compensarla por el exceso de tráfico que generan sus servicios -el buscador, Google News, Gmail, YouTube, etc-.

Este acuerdo supone un cambio de rumbo radical de la compañía de Mountain View, que hasta la fecha siempre se ha negado rotundamente al pago de la conocida “tasa Google”. Al respecto, es una noticia reciente que Google no cedió ante las presiones de Free -otro ISP francés- cuando éste decidió unilateralmente configurar sus routers para que bloquearan por defecto la publicidad de Google a todos los usuarios de sus líneas, siendo la insistencia del Gobierno francés la que finalmente obligó a Free a dar marcha atrás. Son de recordar, al respecto, las declaraciones de Fleur Pellerin, ministra delegada de las PYMES, economía numérica e innovación: “La publicidad es un modelo económico importante para un gran número de sites. Esta política de bloqueo no es compatible con mi visión de un internet libre y abierto del que el usuario es dueño”.

Y es que, al contrario de lo que pudiera parecer, la presente controversia tiene consecuencias que van mucho más allá del mero pago de una tasa. Así, los proveedores de internet, cual es el caso de Orange, intentan reducir el problema a la necesidad de que Google sufrague parte de la inversión en infraestructuras por ocupar el buscador gran parte de su ancho de banda. Sin embargo, son los particulares los que hacen uso de los servicios de Google, y ya pagan religiosamente por su conexión a internet. Además de lo expuesto, y aquí es donde está el conflicto, las pretensiones de las compañías telefónicas pueden poner en peligro el principio de neutralidad de la red.

Para analizar el problema de neutralidad objeto de cita, debe conocerse que internet está basado en protocolos que toman un archivo, lo fragmentan, envían los paquetes resultantes por caminos distintos y los unen cuando todos han llegado a su destino. Todo ello, como es lógico, se lleva a cabo sin que las compañías telefónicas entren a analizar su origen o contenido, porque su negocio consiste y debe consistir en la mera transmisión de datos. Permitir que estas compañías se arroguen la facultad de decidir qué contenido se transmite de forma gratuita y cuál requiere de un precio adicional, sentaría un peligroso precedente.

La neutralidad de la red no consiste, por tanto, en que las compañías telefónicas se comprometan a no limitar la cantidad de megas de navegación asociada a sus tarifas - de hecho, algunas operadoras móviles de Inglaterra y Estados Unidos como O2, Vodafone o AT&T han reducido la oferta de tarifas planas 3G a nuevos clientes, ante el temor de un colapso de sus redes-. El objetivo es la no discriminación de la información por razón de su procedencia o contenido, pues lo que el usuario espera de su acceso a internet es que los datos a través de los que se transmiten, por ejemplo, su correo electrónico, una canción en Spotify o la compra de un billete de avión, viajen sin trabas a la misma velocidad por defecto.

Si finalmente empresas como Orange se convierten, además, en agentes de aduanas virtuales, las consecuencias irían más allá de tasas a pagar por las multinacionales de internet. Así, una vez se bloquea un tipo de contenido, la tentación provocada por ese poder de control puede ser demasiado grande como para detenerse ahí. Un vistazo a la censura llevada a cabo por países como China o Irán basta para darse cuenta del peligro que conlleva que los contenidos se privilegien o degraden en función de su relación comercial con el proveedor de servicios de internet y de la de éste con el Gobierno.

El contenido del acuerdo entre Orange y Google no ha salido a la luz pero, según la primera, los servicios asociados al buscador ocupan más del 50% de su tráfico disponible. Stephane Richard, CEO de Orange, calificó el acuerdo como un “balance de fuerzas”, y puso de manifiesto la importancia de su compañía, que cuenta con una base de 230 millones de clientes. También aprovechó la ocasión, cómo no, para criticar el comportamiento de su competidor Free.

En España, Movistar lleva años solicitando el pago de la “tasa Google”. En este sentido hay que señalar que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), que rara vez se posiciona en este tipo de situaciones, parece haber tomado partido por la compañía telefónica. Su presidente, Reinaldo Rodríguez, manifestó a comienzos de 2011 que si los proveedores de contenidos necesitan redes más rápidas, y estas redes las construyen empresas como Movistar, “ambos llegarán a acuerdos”.

Aún es pronto para saber si Google alcanzará acuerdos con otras compañías. Lo que es seguro es que, de no darse alguna circunstancia excepcional y determinante en el caso de Orange, Google habrá perdido gran parte de la autoridad moral que le permitía hacer caso omiso de todo aquel que llamaba a su puerta con una petición similar.