Poco a poco va quedando atrás el fuerte auge que, en los últimos años, ha tenido el sector de las energías renovables a través de la inversión en la adquisición de proyectos (greenfield o brownfield). Y más atrás aún han quedado los primeros tiempos en los que ese auge se asentaba sobre una retribución mediante primas que reportaban retornos de doble dígito.
En ambos casos, la inversión se basaba en la expectativa de una rentabilidad estable, ya fuera a través de las citadas primas o de unos precios de la energía que alcanzaron su máximo en el periodo post-pandemia. Las condiciones actuales, en cambio, abocan al desarrollo de la industria a un cambio de paradigma. Los factores concurrentes son diversos: tipos de interés bajos, que han dificultado la captación de recursos por parte de fondos de energía e infraestructuras, drástica reducción de los precios de la electricidad (en muchas ocasiones, a cero o, incluso, negativos) y de la consiguiente expectativa de retorno (con curvas de precios muy desincentivadoras) o la consiguiente de reducción de los precios de los PPAs, que han dificultado el acceso a financiación por ausencia de fuentes de ingresos estables sobre las que apalancar una financiación. A ello se añade que el apagón de finales de abril no ha hecho sino dejar al descubierto deficiencias estructurales que se mueven entre la desconexión de las nucleares, el mix energético español y la saturación de las redes de transporte y distribución. Todo ello, sin perjuicio de muchos otros interrogantes como el que se plantea en cuanto al futuro real de la electromovilidad, al haberse manifestado diversos fabricantes de automóviles escépticos acerca de su futuro y situarse en el horizonte las pilas de hidrógeno o los combustibles sintéticos.
Así las cosas, no parece que, en el corto y medio plazo, la situación vaya a mejorar en exceso o, al menos, no tanto como para volver a los tiempos de antaño en los que la compra de proyectos RtB (o casi RtB) y la posterior refinanciación apalancada sobre un PPA -prácticamente- se estandarizó como medio de inversión en el sector (excepción hecha, claro está, de los desarrollos propios -más en manos de la utilities- o de las compras de portfolios). La pregunta, por tanto, es ¿y ahora qué? En definitiva, las energías renovables, más allá de la realidad que ya representan, siguen estando en el horizonte del desarrollo energético-renovable.
No cabe duda de que los inversores tendrán que asumir un mayor riesgo financiero en un estadio más incipiente de los proyectos, lo que implica modificar el perfil de riesgo al que estaban acostumbrados. Pero, más allá de esto, son múltiples las consideraciones que pueden hacerse al respecto, como numerosas son también las medidas y soluciones, tecnológicas o legislativas, que exige la continuidad del desarrollo del sector.
Por una parte, se atisban tecnologías o soluciones innovadoras tales como las instalaciones de hidrogeno verde o la eólica marina flotante, cuyo desarrollo está, en gran parte, condicionado por la fuerte inversión de capital que requieren y que, en general, las hacen inviables sin el apoyo del sector público. Por otra parte, es preciso dar una respuesta a las numerosas instalaciones, y proyectos, fundamentalmente fotovoltaicos y eólicos, existentes, lo que apunta a los sistemas de almacenamiento mediante baterías. Estos últimos están llamados a contribuir tanto a la rentabilidad de las instalaciones a las que pueden ir asociadas (en caso de hibridación) como a la estabilidad del sistema (tanto el caso de las hibridaciones como en el caso de los almacenamientos stand alone).
En cualquier caso, es necesario que, junto al constante desarrollo tecnológico, se defina un marco legal preciso, que dote de certeza y seguridad a la inversión que el desarrollo del sector de las energías renovables necesita. Ello se proyecta en un doble plano.
Así, es necesario un marco regulatorio que vertebre, de forma clara y estable, el régimen legal aplicable al sector, sin perjuicio de las reglas específicas que hayan de establecerse, en su caso, para cada tecnología en particular. Así, es imprescindible que ese régimen legal provea de seguridad a los inversores, constructores, operadores y, en general, stakeholders del mercado, sin que factores meramente coyunturales o de oportunidad política sometan a la industria a vaivenes tan indeseados como innecesarios. Episodios como el del denominado Decreto Antiapagón (es decir, el Real Decreto Ley 7/2025), finalmente derogado por razones de índole más política que técnica, ponen de manifiesto las dificultades que afronta la industria casi a diario. Medidas como el desarrollo de un cuerpo normativo que permita un despliegue ágil de sistemas de almacenamiento mediante baterías, la estabilidad del sistema, la electrificación o la aclaración y la flexibilización de determinadas reglas de juego son medidas necesarias que el sector demanda desde hace tiempo. Igualmente, es necesario que se arbitren soluciones normativas que pongan coto a prácticas que, en los últimos años, han proliferado y obstaculizan gravemente los proyectos de energía renovable; en concreto, la judicialización espuria de la tramitación de los proyectos, que, en ocasiones, lleva a impedir su financiación e, incluso, a su paralización.
Pero, adicionalmente, es necesario que las administraciones públicas den un impulso real y decidido a las soluciones normativas que se arbitran, permitiendo su implantación y ejecución efectiva. No es admisible que estas queden en marcos normativos huecos, meras intenciones o anuncios políticos de carácter programático. Medidas -por mencionar algunas- como el despliegue efectivo de las redes de recarga de vehículos eléctricos o los concursos de capacidad (ya sean de generación o demanda, incluyendo los que tengan por objeto lo sistemas de almacenamiento) deben llevarse a término.
Son, pues, múltiples los factores que juegan en la redefinición del sector y que, según muestra la experiencia, son condición indispensable para superar las dificultades que, en la actualidad, este afronta.
