La nueva respuesta penal a la multireincidencia y otras modificaciones: análisis de la Ley Orgánica 1/2026
Enrique Remón y Esteban Paja
El 9 de abril de 2026 se publicó en el BOE la Ley Orgánica 1/2026, que modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el objetivo principal de reforzar la respuesta penal frente a la reiteración de delitos patrimoniales de escasa cuantía, especialmente los hurtos y las estafas leves. La reforma profundiza en una línea ya iniciada en 2022, cuando se agravó el delito de hurto en supuestos de reincidencia, incluso computando condenas previas por delitos leves. Ahora, el legislador amplía y sistematiza ese endurecimiento para combatir la llamada multirreincidencia.
En la parte general del Código Penal, la reforma modifica el artículo 22.8.ª, relativo a la reincidencia, para mantener la regla general según la cual no se computan los antecedentes por delitos leves, salvo en los tipos agravados por multirreincidencia de delitos leves. Con ello, la ley introduce una excepción expresa para los delitos de hurto y estafa, reforzando la coherencia del sistema. También se modifica el artículo 66.2 del Código Penal para limitar el margen de apreciación judicial en los supuestos agravados por multirreincidencia, evitando que el "prudente arbitrio" de jueces y tribunales neutralice en la práctica la aplicación de estos subtipos agravados. La finalidad es asegurar una respuesta penal efectiva en casos de reiteración delictiva.
La reforma incide igualmente en el artículo 80.2.1.ª del Código Penal, relativo a la suspensión de la ejecución de la pena. En adelante, los delitos leves que integren un tipo agravado por multirreincidencia podrán ser tenidos en cuenta para valorar si el condenado es un delincuente primario. En la práctica, ello dificultará la suspensión de penas privativas de libertad en supuestos de hurtos o estafas leves reiterados, lo que previsiblemente aumentará la ejecución efectiva de penas de prisión en estos casos.
En materia de hurto, se modifica el artículo 234.2 del Código Penal. La regla general sigue siendo que, si el valor de lo sustraído no excede de 400 euros, la conducta se castiga con multa de uno a tres meses. Sin embargo, se impone la pena prevista para el tipo básico cuando el culpable haya sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos de la misma naturaleza comprendidos en el mismo título, siempre que al menos uno de ellos sea leve. La reforma no altera sustancialmente el régimen anterior, pero aclara expresamente este requisito.
También se modifica el artículo 235, que regula los subtipos agravados del hurto. En primer lugar, el numeral 4.º agrava el hurto de productos agrarios o ganaderos, o de los instrumentos utilizados para su obtención en explotaciones ganaderas, sin exigir ya un perjuicio grave, bastando con que el valor de lo sustraído supere los 400 euros. En segundo lugar, el numeral 7.º precisa que la agravación por reincidencia exige tres condenas por delitos menos graves o graves de la misma naturaleza, excluyendo por tanto los delitos leves del cómputo. Finalmente, se introduce un nuevo numeral 10.º que agrava el hurto de teléfonos móviles y otros dispositivos de comunicación o almacenamiento masivo de datos personales. Esta novedad es especialmente relevante, ya que desplaza el criterio del valor económico del objeto y permite castigar con pena de prisión de uno a tres años conductas que antes podían ser consideradas leves si el dispositivo no superaba los 400 euros. Quedan fuera de esta agravación los terminales destinados a la venta, almacenaje o exposición en establecimientos comerciales.
La Ley Orgánica 1/2026 también modifica el artículo 105 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para facultar a las entidades locales a ejercer la acción penal en relación con determinados delitos de hurto. Esta legitimación, poco habitual en nuestro sistema, responde a la voluntad del legislador de atender las reclamaciones institucionales frente al incremento de estos delitos en el ámbito urbano y comercial.
En cuanto al delito de estafa, la reforma mantiene como regla general que las estafas de cuantía inferior a 400 euros se castiguen con multa de uno a tres meses, pero introduce dos excepciones. La primera se refiere a los casos en que concurra alguna de las circunstancias agravantes del artículo 250 del Código Penal, aunque no específica qué pena correspondería en estos casos. La segunda, más relevante, afecta a la multirreincidencia: cuando el autor haya sido condenado ejecutoriamente por tres delitos de la misma naturaleza comprendidos en el capítulo de las defraudaciones, y al menos uno de ellos sea leve, la conducta se castigará con pena de prisión de seis meses a tres años. Tampoco aquí se computarán los antecedentes cancelados o que debieran serlo.
Asimismo, se reforma el artículo 250.8.º del Código Penal para reservar la agravación por reincidencia conforme a dicho precepto a quienes hayan sido condenados por tres delitos graves o menos graves de estafa, excluyendo expresamente del cómputo las estafas leves. De este modo, la ley distingue entre la multirreincidencia en delitos leves, que ahora tiene un régimen específico, y la reincidencia en delitos de graves y menos graves.
Finalmente, la reforma introduce otras modificaciones de alcance procesal y sustantivo. En el plano procesal, modifica los artículos 13 y 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para reforzar la protección de la víctima desde las primeras fases del procedimiento penal. En el plano sustantivo, tipifica expresamente determinadas conductas vinculadas indirectamente al narcotráfico, como la defraudación de fluido eléctrico destinada a abastecer instalaciones usadas para actividades del artículo 368 del Código Penal, o la tenencia, depósito, fabricación, transporte o suministro no autorizado de combustibles líquidos. Esta última conducta se relaciona con el denominado "petaqueo", consistente en suministrar combustible a narcolanchas, fenómeno que hasta ahora no contaba con una respuesta penal específica suficientemente clara.
En conjunto, la LO 1/2026 refuerza la reacción penal frente a la delincuencia patrimonial reiterada de escasa cuantía, reduce también en relación con estos delitos espacios de discrecionalidad judicial y dificulta el acceso a mecanismos como la suspensión de la pena. La reforma refleja una opción político-criminal clara: intensificar la respuesta frente a la multirreincidencia, especialmente en hurtos y estafas leves, y ampliar al mismo tiempo la cobertura penal de conductas conexas con otras formas de criminalidad, como el narcotráfico.
