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Toda resolución administrativa debe indicar al final qué recursos caben contra ella, ante quién y en qué plazo: es lo que se conoce como «pie de recursos». ¿Qué ocurre si, semanas después de publicar un acto, la Administración advierte que esas instrucciones eran erróneas y las sustituye por otras? ¿Desde cuándo cuenta el plazo para recurrir: desde la primera publicación o desde la corrección?
La respuesta no es menor, porque de ella depende que un juez llegue siquiera a examinar el recurso. La sentencia del Tribunal Constitucional de 19 de octubre de 2026 (Sala Primera, recurso de amparo núm. 130-2025) la ha dado, con el apoyo del Ministerio Fiscal: cuando la corrección sustituye por completo el pie de recursos, tomar como referencia la publicación inicial vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 de la Constitución Española), en su vertiente de acceso a la jurisdicción.
Es la primera vez que el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre el efecto que tienen en el plazo para acudir a los tribunales las correcciones de errores que la Administración realiza al amparo del artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP). Hasta ahora solo había analizado las aclaraciones y rectificaciones de resoluciones judiciales. Esa novedad es la que justificó la admisión del recurso.
Los hechos se remontan a febrero de 2017, cuando el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera modificó su relación de puestos de trabajo (RPT), el instrumento que ordena las plazas de su personal y sus retribuciones. El acuerdo se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz el 30 de marzo de 2017 e indicaba que solo cabía recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses.
El 18 de abril de 2017, más de un mes después, el Ayuntamiento publicó una corrección de errores. Ajustaba algunos complementos (ninguno el de la demandante) y la fecha de entrada en vigor, pero, sobre todo, sustituía íntegramente el pie de recursos: ahora también podía interponerse un recurso de reposición, de carácter voluntario, en el plazo de un mes. Una tercera corrección, publicada el 26 de abril, ya no afectó a los recursos.
La secretaria-interventora del Ayuntamiento recurrió el 16 de junio de 2017. Solicitaba la nulidad de la RPT por no haberse negociado previamente con la representación de los funcionarios, como exige el artículo 37.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), y, subsidiariamente, cobrar el mismo complemento que el resto de funcionarios habilitados. Todo dependía del día en que empezara a correr el plazo, el denominado dies a quo: contado desde el 30 de marzo, el recurso llegaba tarde; contado desde las correcciones de abril, estaba en plazo.
Ni el Juzgado ni los tribunales superiores le dieron la razón. El Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Jerez de la Frontera rechazó el recurso por extemporáneo y entendió, además, que la funcionaria no podía impugnar las correcciones porque ninguna afectaba a su plaza. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía confirmó que una corrección de errores no puede «ampliar, de forma artificial, el plazo de recurso».
El Tribunal Supremo, en su sentencia 1757/2024, de 4 de noviembre, estableció una regla general: el plazo se cuenta desde la corrección solo si esta afecta a los derechos que el recurrente reclama. En este caso no era así, porque la corrección no tocaba su complemento y lo único que añadía era un recurso de reposición que nunca utilizó. No obstante, el propio Supremo reconoció que el acuerdo y sus dos correcciones formaban, en realidad, un único acto.
El criterio del Tribunal Constitucional
El Tribunal parte del principio pro actione: cuando está en juego el acceso a un juez, deben descartarse las interpretaciones que, por su rigidez o formalismo, sacrifiquen ese derecho de forma desproporcionada. A ello suma una doctrina reiterada: la Administración no puede beneficiarse de sus propios errores al notificar.
Conviene precisar que el Tribunal no cuestiona con carácter general la regla del Supremo. Lo que censura es su aplicación a este caso, por dos razones. La primera, que el pie de recursos no es un contenido más del acto: los artículos 40.2 y 40.3 LPACAP distinguen entre el texto de la resolución y la indicación de los recursos, y solo a esta última vinculan que la publicación produzca plenos efectos. Si esas instrucciones son una condición para que el acto sea eficaz, resulta incoherente exigir, además, que su corrección afecte a los derechos concretos del interesado; su función es otra, informar al ciudadano de cómo puede defenderse.
La segunda, que la Administración no se limitó a subsanar, sino que sustituyó. Pudo limitarse a añadir el recurso de reposición, pero reemplazó el pie de recursos completo y lo publicó de nuevo. Con ello generó una «razonable expectativa» de que las únicas instrucciones válidas eran las del 18 de abril. Tomar como punto de partida la versión que ella misma había corregido resulta excesivamente riguroso, y los tribunales no lo tuvieron en cuenta.
En consecuencia, el Tribunal anula las sentencias del Juzgado, del TSJ de Andalucía y del Supremo y devuelve el asunto al Juzgado para que dicte una nueva. Queda pendiente, por tanto, determinar si la RPT era nula, cuestión que deberá resolver ahora el juez.
La sentencia sí deja sentada una regla de alcance general: si una corrección de errores modifica la indicación de los recursos, el plazo se cuenta desde que se publica o notifica esa corrección, sin que el ciudadano deba demostrar que le afecta en lo sustancial. Cuando la corrección solo afecta al contenido del acto, se mantiene la doctrina del Supremo, sobre la que el Constitucional no se ha pronunciado.
Nuestra valoración
La sentencia recuerda que las instrucciones sobre cómo recurrir no son un elemento accesorio de la resolución, sino una pieza esencial para que esta produzca efectos. Aporta, además, un matiz relevante: importa cómo corrige la Administración. No genera la misma confianza sustituir un texto completo que subsanar un detalle, criterio que ya había apuntado el propio Tribunal Supremo en su sentencia de 6 de junio de 2013.
Ahora bien, conviene ser prudentes: el Tribunal se ha apoyado en que se reemplazó todo el pie de recursos mediante una nueva publicación completa. Por ello, ante una corrección de errores, lo recomendable sigue siendo computar el plazo desde la primera publicación o notificación siempre que sea posible, y reservar el argumento del nuevo dies a quo, ahora respaldado por el Tribunal Constitucional, para los casos en que la corrección afecte a los recursos.