Por años, quienes nos hemos dedicado a la contratación estatal y al Compliance, hemos estado sometidos a una total inseguridad jurídica en relación con la interpretación de las normas en materia de inhabilidades para contratar con el Estado, gracias a la confusión del legislador (entendido en sentido amplio e incluyendo al ejecutivo al expedir decretos reglamentarios) y a su ausencia de técnica jurídica. Estas normas han suscitado y suscitan hoy múltiples problemas al ser aplicadas en la práctica, y muchas preguntas imposibles de responder con certeza siquiera razonable.
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