La Corte Constitucional declaró exequible, el Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018 y suscrito por Colombia el 11 de diciembre de 2019, ratificado por medio de la Ley 2273 del 5 de noviembre de 2022 por el Congreso de la República.
El Acuerdo de Escazú es un Tratado regional adoptado con el objetivo de promover y robustecer el derecho del Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe en desarrollo del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992. En razón a lo anterior, el Acuerdo adopta diferentes herramientas y medidas para facilitar a la población el acceso a la información, la participación y acceso a la justicia ambiental cuando sus derechos se vean vulnerados.
Para las empresas en Colombia, la ratificación y entrada en vigor de este Acuerdo tendrán significativas implicaciones, especialmente en cuanto al acceso a la información de partes interesadas respecto de proyectos en proceso de licenciamiento ambiental. Conforme al artículo 5 del Acuerdo, las empresas estarán obligadas a garantizar un acceso amplio y transparente acceso a la información ambiental relevante desde las etapas tempranas del proyecto. Esto incide en la responsabilidad empresarial frente a la divulgación de información y demanda una mayor diligencia frente al relacionamiento comunitario y el desarrollo de capacidades que permitan un acceso óptimo y comprensible de los proyectos y sus estudios ambientales de cara a terceros interesados, los cuales tendrán un rol más activo frente a la estructuración de dichos proyectos y su viabilidad socioambiental.
Sobre la implementación de todas las medidas esperadas por el Acuerdo, el Gobierno deberá reglamentar su aplicación y alcance, para efectos de conocer cuáles serán las implicaciones directivas sobre autoridades y particulares en el marco de los diferentes proyectos y actuaciones administrativas en materia ambiental.
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