Home / Publicaciones / Nuevas normas para fortalecer los instrumentos jurídicos...

Nuevas normas para fortalecer los instrumentos jurídicos existentes para combatir la corrupción y el soborno transnacional en Colombia

Recientemente se han presentado algunos cambios normativos importantes tendientes a fortalecer a Colombia en su camino de lucha contra la corrupción y el soborno transnacional. A continuación, se presenta un resumen de estas medidas.

1. Publicidad de inhabilidades para contratar con el Estado derivadas de la comisión de conductas de soborno trasnacional, delitos contra la administración pública u otros delitos contemplados en la Ley 1474 de 2011

El 16 de octubre de este año el Ministerio de Justicia y del Derecho expidió el Decreto 1358 de 2020 mediante el cual se adoptaron varias disposiciones tendientes al registro y publicidad de inhabilidades para contratar con el Estado derivadas de la comisión de conductas de corrupción y soborno transnacional, de acuerdo con lo previsto en el literal j) del numeral 1° del artículo 8 de la Ley 80 de 1993.

Esta inhabilidad procede cuando:

  1. Una persona natural haya sido declarada
  • Responsable judicialmente por la comisión de delitos contra la administración pública; o  
  • De cualquiera de los delitos o faltas contempladas en la Ley 1474 de 2011; o 
  • De cualquiera de las conductas delictivas contempladas por las convenciones o tratados de lucha por la corrupción suscritos y ratificados por Colombia; o

ii. Una persona jurídica haya sido declarada responsable administrativamente por la conducta de soborno transnacional. 

Ahora, en relación con el supuesto (i) debe recordarse que esta inhabilidad puede extenderse también a las sociedades de las que hagan parte dichas personas en calidad de (a) administradores, (b) representantes legales, (c) miembros de junta directiva y (d) socios controlantes. Así mismo, se extenderán también a su matriz, subordinadas, a sucursales de sociedades extranjeras y al grupo empresarial, este último siempre que la conducta haya sido parte de una política de grupo.

Teniendo en cuenta lo anterior, era absolutamente necesaria una norma reglamentaria para que existiera claridad en relación con la materialización y publicidad de esta inhabilidad, sobre todo en aquellos casos en los que se hacía extensiva a las personas jurídicas. Es evidente que estas disposiciones buscan que, dentro de los procesos de contratación estatal, no se pase por alto ninguna inhabilidad existente por falta de información, algo que podría darse en relación con sanciones por corrupción emitidas en el extranjero o de condenas de juzgados colombianos en primera instancia.

Así, mediante el Decreto 1358 de 2020 se adoptaron las siguientes medidas:

(i) Trámite y publicidad de las decisiones que contienen sanciones penales o administrativas proferidas por autoridades extranjeras

Cuando la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (“ANDJE”) advierta una posible inhabilidad de un proponente en los términos de la norma antes mencionada, esta entidad debe pedir formalmente al Ministerio de Relaciones Exteriores (“MRE”), mediante el canal diplomático adecuado, las decisiones que declaren la responsabilidad penal o administrativa de dichos proponentes y que hayan sido emitidas por autoridades extranjeras que se presuman encajen dentro de los supuestos de hecho de las conductas contempladas en la norma.  Una vez obtenida la decisión correspondiente, el MRE debe remitir dicha decisión a la ANDJE.

Cuando se trate de personas naturales: La ANDJE requerirá a la Cámara de Comercio respectiva para que le informe acerca de las sociedades y/o sucursales de sociedades extranjeras respecto de las cuales esta persona condenada es o era socio controlante o administrador. Posteriormente, la Cámara de Comercio registrará en el RUP de las personas jurídicas relacionadas (así como las matrices y subordinadas de las mismas) una anotación en este sentido, quedando éstas últimas inhabilitadas desde la fecha en que fue proferida la decisión contra la persona natural.

Cuando se trate de personas jurídicas: La ANDJE solicitará a la Cámara de Comercio el registro de la inhabilidad en el RUP de la sociedad que haya sido condenada administrativamente, así como de sus matrices y subordinadas. 

(ii) Trámite y publicidad de las decisiones que contienen sanciones penales de jueces colombianas

La ANDJE tomará las medidas necesarias para que, mediante la integración o interacción del Sistema Único de Gestión e Información de la actividad litigiosa de la Nación, se obtengan las sentencias condenatorias en primera instancia que sancionen personas naturales que hayan cometido delitos contra la Administración Pública o cualquiera de los delitos contemplados en la Ley 1474 de 2011 y sus normas modificatorias. Una vez obtenida, la ANDJE seguirá el mismo protocolo establecido para decisiones extranjeras de personas naturales descrito en el punto (ii).

Sobre lo mencionado en los puntos (i) y (ii) es importante mencionar que, si la decisión judicial o administrativa es de primera instancia, y aún no se encuentra ejecutoriada, se indicará esta situación en el RUP. Así, de llegar a haber una revocatoria de las mismas la ANDJE, observando el procedimiento ya indicado, solicitará el levantamiento de la anotación de inhabilidad en el comentado registro.

(iii) Plazo de la inhabilidad para las sociedades condenadas por la Superintendencia de Sociedades por soborno transnacional

La última disposición del decreto en comento señala que el plazo de la inhabilidad de la persona jurídica en este caso será el que haya impuesto esa entidad. Así las cosas, resulta claro que esta inhabilidad no surge inmediatamente por una condena de este tipo sino que tiene que ser declarada expresamente por la Superintendencia de Sociedades como parte de la sanción.

2. Modificación a los criterios para determinar las sociedades que deben adoptar programas de transparencia y ética empresarial

La Superintendencia de Sociedades expidió la Resolución 100-006261 del 2 de octubre de 2020 mediante la cual modifica los criterios para determinar qué sociedades tienen la obligación legal de adoptar Programas de Transparencia y Ética Empresarial.

La Resolución entra en vigencia a partir del 1 de enero de 2021 y deroga de manera expresa las Resoluciones No. 100-002657 de 25 de julio de 2016 y 200-000558 del 19 de julio de 2018.  

Así, a partir de enero de 2021, estarán obligadas a adoptar dichos programas las sociedades que cumplan con los siguientes requisitos en su totalidad:

  1. Ser vigiladas por la Superintendencia de Sociedades;
  2. En el año inmediatamente anterior hayan realizado negocios o transacciones internacionales de cualquier naturaleza, directamente o a través de un intermediario, contratista o por medio de una sociedad subordinada o de una sucursal, con personas naturales o jurídicas extranjeras de derecho público o privado por un valor igual o superior (individualmente o en conjunto) a 100 SMMLV  (aprox. COP $87.700.000); y
  3. Hayan recibido ingresos o tengan activos iguales o superiores a 40.000 SMMLV.

De lo anterior, se evidencia que se conservaron algunos de los criterios incluidos en la normativa anterior, a saber: (i) ser una entidad vigilada por la Superintendencia de Sociedades y (ii) haber ejecutado negocios o transacciones internacionales.

Sin embargo, se incluyeron cambios relevantes. Por un lado, se introdujo un valor mínimo en relación con los negocios y transacciones internacionales de 100 SMMLV Y por el otro, se eliminaron los requisitos específicos de ingresos o activos vinculados a ciertos sectores económicos, unificando un único criterio en ingresos o activos, sin importar el objeto social de la compañía. Esto deriva entonces en que los nuevos requisitos amplían el espectro de sociedades que estarán obligadas a implementar un Programa de Ética Empresarial. 

Por último, vale la pena resaltar que quienes cumplan con los nuevos criterios ya descritos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, tendrán hasta el 30 de abril del año siguiente para implementar los programas respectivos. Si para esta fecha las sociedades obligadas no han implementado el Programa de Ética Empresarial, esto podría derivar en investigaciones administrativas por parte de la Superintendencia de Sociedades y consecuentemente en la imposición de multas hasta por 200 SMLMV (COP 175 millones).

El equipo de Compliance de la Firma podrá asesorarlo en determinar si con esta nueva norma su empresa se encuentra obligada a implementar un Programa de Ética Empresarial y en evaluar las particularidades de su empresa para ayudarlo a implementar un programa robusto y eficiente que cumpla con las mejores prácticas en la materia.

 

Autores

Daniel Rodríguez
Daniel Rodríguez, LL.M.
Socio
Bogotá
María Lucía Amador
María Lucía Amador, LL.M.
Asociada Senior
Bogotá
Ana Maria Barrios
Paralegal
Bogotá