La preservación de la estabilidad financiera y la protección del ahorro del público son objetivos fundamentales de la regulación financiera. Conceptos como la relación de solvencia, la valoración de activos por nivel de riesgo y la clasificación de instrumentos financieros como parte del capital regulatorio exigido a ciertas entidades financieras, son herramientas que están a disposición del regulador para conseguir tales objetivos. Bajo ese marco, y con el propósito de fortalecer las relaciones de solvencia de las entidades financieras autorizadas para administrar activos de terceros, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el Decreto 175 de 2022 (el “Decreto”). Mediante el Decreto, (i) se modificaron los instrumentos que componen el capital regulatorio, (ii) se actualizaron las metodologías de medición de riesgo y (iii) se homogenizaron los estándares aplicables a este tipo de entidades. A continuación, presentamos algunos comentarios al respecto.
Como punto de partida, debemos advertir que no todas las entidades financieras están autorizadas para administrar activos de terceros. Aun cuando los establecimientos de crédito lo pueden hacer respecto de la cartera de entidades en dificultades, las nuevas reglas del Decreto únicamente son aplicables a las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, las sociedades fiduciarias, las sociedades comisionistas de bolsa y las sociedades administradoras de inversión.
Más allá del tema puramente técnico-financiero, la importancia de estas nuevas reglas se ve reflejada en un doble sentido. En primer lugar, a partir del Decreto, la regulación colombiana se está ajustando y está incluyendo las mejores prácticas y recomendaciones internacionales de regulación prudencial al ordenamiento jurídico nacional. En segundo lugar, la incorporación de las nuevas reglas supone la superación de una falla regulatoria, en la medida en que, al homogenizar los estándares aplicables a los administradores de activos de terceros, se está eliminando la posibilidad de arbitrajes regulatorios derivados de la diversidad de regímenes aplicables a distintas entidades con actividades similares.
Con estas reglas, la regulación financiera colombiana no solo continúa desarrollándose para incrementar los niveles de protección al ahorro del público, sino que avanza hacia el objetivo de mantener un sistema financiero seguro y estable. Lo anterior, en tanto que se está actualizando el marco normativo con el firme propósito de que los administradores de activos de terceros se fortalezcan patrimonialmente y tengan mayores y mejores recursos para soportar escenarios de estrés y de pérdidas no esperadas.
