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Renegociación de contratos bancarios como consecuencia del Covid-19

El Covid-19 trajo consigo una serie de retos en materia de salud, asistencia social, educación y por supuesto a nivel financiero, específicamente en el sector bancario. Desafíos para este sector como el posible no pago de los deudores, trajeron como consecuencia respuestas a nivel gubernamental como los conocidos alivios financieros explicados en pasados boletines.

Tales alivios financieros, en distintos casos, implicaron un cambio en las condiciones contractuales y reflejaron cierta necesidad de que las entidades financieras, puntualmente los establecimientos bancarios, renegociaran sus contratos.

Con independencia del juicio que a futuro merezcan las medidas de alivio, algunas reflexiones deben presentarse entorno a la renegociación de los contratos bancarios.

Se ha considerado que la renegociación de los contratos no es imperativa sino que  tiene origen en uno de los llamados deberes secundarios de conducta, este es, el deber de cooperación. Este deber involucra un obrar de las partes de forma conjunta, de tal manera que sea posible alcanzar la finalidad del contrato y superar las dificultades que surjan durante la vida del mismo[1]. Ahora bien, la cooperación como deber no implica entonces  necesariamente que a la otra parte le sea posible exigirla como un derecho en cabeza suya.

Los contratos bancarios, como contratos que son vinculan a las partes en los términos en que fueron pactados, aunque contengan intrínsecamente el deber de cooperación de las partes. Sin embargo, esto no puede conducir a afirmar que, partiendo de este deber, las partes estén obligadas de forma absoluta a renegociar las condiciones contractuales inicialmente acordadas. Ello tiene que resultar de un proceso de negociación.

Como bien se sabe, la actividad financiera, dentro de la cual se encuadra la actividad bancaria, envuelve un interés público en la medida en que es la encargada de salvaguardar el ahorro del público[2]. Como consecuencia lógica de esta función otorgada, las entidades que conforman el sector deben tomar sus decisiones teniendo en mente la responsabilidad que esto implica. Y la  primera es conservar intacta su capacidad de responder por los depósitos que le han confiado.

Partiendo de lo anterior, podría considerarse que la posibilidad de renegociar los contratos bancarios, debe ser objeto de un juicioso análisis por parte de las entidades, en el que se comprenda que, si bien existe un deber de cooperación, se debe antes que todo evaluar si tal renegociación puede dar lugar o no a una exposición inadecuada del ahorro del público.

Vale aclarar que las entidades no se vieron en la necesidad forzosa de realizar este juicioso examen en cada caso, debido a que con motivo de la emergencia suscitada por el Covid-19 el Gobierno determinó de entrada las condiciones en las que las diferentes medidas serían asumidas, lo que de alguna manera favoreció las decisiones iniciales.

[1] San Martín, L Sobre la naturaleza jurídica de la ‘cooperación’ del acreedor al cumplimiento de la obligación. Revista de Derecho Privado. 21 (dic. 2011), 273-325.

[2] Corte Constitucional, Sentencia C-793 de 2014. MP: Gabriel Mendoza.

Autores

Sergio Rodríguez-Azuero
Sergio Rodríguez-Azuero
El Socio
Bogotá
Nicolás-Jaramillo-CMS-Colombia
Nicolás Jaramillo
Asociado
Bogotá
Eliana Jácome
Asociada
Bogotá