La agenda del nuevo curso para el sistema judicial español

El mes de septiembre representa para la mayoría de los españoles el fin del periodo estival y el comienzo de un nuevo ciclo laboral o académico, acompañado generalmente de una mezcla de melancolía por la vuelta a la rutina, de bajón por la finalización de las vacaciones, y, por qué no, de expectativas renovadas ante el nuevo curso.

El mes de septiembre de 2023 presenta la particularidad de que nos encontramos en un momento de cambio/formación de gobierno tras las Elecciones Generales celebradas en el mes de junio. Lo que implicará que, muy probablemente en un plazo breve, se designará un nuevo Ministro de Justicia y Fiscal General del Estado. 

Con el aval de mi experiencia trabajando como fiscal durante más de veinte y otros tres dedicado al ejercicio de la abogacía resulta evidente que el sistema judicial español arrastra desde hace tiempo varios retos pendientes que deberían ser una prioridad en la agenda del nuevo gobierno.

En primer lugar, la tan manida renovación del Consejo General del Poder Judicial que está dificultando seriamente el correcto funcionamiento de los órganos judiciales, frustrada en la legislatura anterior, y que exige el compromiso y voluntad de todas las fuerzas políticas. De una vez por todas, tener la valentía de aprobar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para actualizar el sistema procesal español a los países europeos, de tal forma que se articule la instrucción del procedimiento penal en torno al juez de garantías y el fiscal investigador. Lógicamente, esto pasa por garantizar la autonomía e independencia del Ministerio Fiscal, fundamentalmente la del Fiscal General del Estado. 
Igualmente, los poderes públicos deberán superar definitivamente los perjuicios originados con la reforma operada por medio de la denominada Ley del “si es si”.  

También sería conveniente modernizar la oficina judicial de todas las jurisdicciones e informatizar al mayor nivel todas ellas a fin de que todas las partes que intervienen en el procedimiento, incluido el Ministerio Fiscal, se notifiquen a través de Lex net. Además, se debe intentar llevar a efecto modificaciones legislativas que simplifiquen los procedimientos a fin de acabar con la duración excesiva de los mismos. De hecho, mi experiencia profesional me dice que la lentitud de la Administración de Justicia es el problema fundamental de la misma.      

Por otro lado, recordando la frase célebre “siempre habrá algo bueno en este mundo por lo que valga la pena luchar”, también resulta trascendental que los operadores jurídicos de la Administración de Justicia sigan trabajando por la independencia, imparcialidad y objetividad por cuanto por eso sí que vale la pena luchar.  
Durante todos mis años como Fiscal, más de 22, y ahora como Abogado, lo que siempre me ha colmado es encontrar Jueces, Fiscales, Letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, Policías y Abogados que con su extraordinario compromiso luchan por resolver adecuadamente los procedimientos a los que se enfrentan cada día y eso solo está al alcance de cada uno de los que intervienen en la Administración de Justicia. 

Y como he anticipado, por eso vale la pena luchar. Es decir, lo mejor para los próximos 4 años al margen de todas las mejoras que seguramente se aborden por los nuevos responsables es que sigamos reivindicando que se imparta justicia con libertad. Que se resuelva de acuerdo con el principio de legalidad y que se respete el principio de igualdad ante la ley.