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La compraventa de acciones de una sociedad anónima tiene naturaleza civil

Post Jurídico | Abril 2020

Mar Frau 

El TS califica de civil una venta parcial de una sociedad mediante compraventa de acciones sociales atendiendo a la naturaleza del objeto del negocio traslativo que excluye, en vía de principio y por la propia naturaleza de dicho objeto, la consideración del contrato como mercantil. 

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (“TS”) en la sentencia 119/2020, de 20 de febrero de 2020, califica una venta de acciones como compraventa civil y aplica, consiguientemente, las normas del código civil sobre saneamiento y prescripción de acciones.

La distinción entre compraventa civil o mercantil tiene transcendencia a los efectos de una compraventa de acciones, sobre ello se ha pronunciado el Tribunal Supremo en una sentencia reciente, que no deja de causar cierta sorpresa en alguna de sus conclusiones. El supuesto que ha dado lugar a este pronunciamiento versa sobre un contrato que supone la venta parcial del capital de una sociedad de un grupo empresarial familiar. En el referido contrato se fijó un precio por la transmisión de la totalidad de sociedades anónimas del grupo empresarial. Posteriormente, el adquirente –deudor– y las vendedoras suscribieron una serie de pólizas con novación subjetiva del deudor, por una empresa del grupo, modificando el precio de la venta por uno inferior al estipulado inicialmente en el contrato.

En particular la cuestión analizada afectaba a la reclamación por los defectos de la cosa vendida y el plazo de prescripción para reclamar el precio de la cosa vendida. A estos últimos efectos, el alto tribunal trata de determinar si el plazo de prescripción de acciones es el que considera aplicable a la compraventa civil, que identifica (lo que no dejaría de ser discutible) en los tres años del artículo 1.967.4 del Código Civil (“CC”), relativo al abono a “posaderos la comida y habitación, y a los mercaderes el precio de los géneros vendidos a otros que no lo sean, o que siéndolo se dediquen a distinto tráfico”, mientras que en la venta mercantil se concluye que el plazo a aplicar sería el de 5 años, de conformidad con el artículo. 1.964.2 CC, como consecuencia de la remisión del artículo 943 del Código de Comercio (“CCom”).

Las vendedoras formularon una demanda de juicio ordinario contra la entidad que se había subrogado en la posición deudora de su hermano, reclamando el abono de la cantidad total adeudada más los intereses legales devengados desde 1993 hasta la fecha de interposición de demanda, más los que procediesen.

La sentencia del Juzgado de primera instancia e instrucción nº1 de Ibi fue recurrida en apelación por la entidad demandada, alegando la prescripción de la acción de reclamación del precio y la aplicabilidad del código civil, para el computo de los intereses de demora por entender que el contrato debía calificarse como civil. La Sección nº 8 de la Audiencia Provincial de Alicante desestimó el recurso de apelación de la entidad demanda por considerar que las reiteradas reclamaciones extrajudiciales de pago realizadas por las demandadas constituían actos de interrupción de la prescripción y, calificándose el contrato como mercantil, se concluía que el cómputo del devengo de intereses de demora debía ser el previsto en el Código de Comercio. Finalmente, se recurrió en casación la decisión en segunda instancia.

El TS resolvió que el carácter mercantil sobre la compraventa de las cosas muebles exige necesariamente un doble elemento intencional del comprador: el propósito de la reventa de los géneros comprados y el ánimo de lucro, consistente en obtener un beneficio en la reventa. Dicha premisa deja entrever que no deberá reputarse mercantil la llamada compraventa de inversión, aunque en el vendedor exista un ánimo lucrativo, si en el comprador no se constata la intención de revender las acciones adquiridas.

El TS sostiene que en el presente caso no consta un citado propósito de reventa, tampoco consta la integración de las acciones sociales en el proceso productivo de la empresa, de la que no consta un objeto social destinado a la inversión, y en el que la naturaleza del objeto del negocio traslativo, que supone la venta parcial de una sociedad, excluye, en vía de principios, por la propia naturaleza de dicho objeto, la consideración del contrato como mercantil.

Asimismo, cabe destacar que la sentencia consolida la jurisprudencia sostenida históricamente respecto a la naturaleza del contrato mixto (contratos en los que una de las partes es un comerciante o empresario y la otra no tiene esa naturaleza), concluyendo la sala que este tipo de contratos mixtos serán calificados como civiles.

La Sala considera que, la compraventa de acciones objeto de la litis debe ser calificada como civil puesto que las acciones objeto de la compraventa siguen perteneciendo a la misma empresa compradora, nunca se vendieron y no fueron adquiridas con ánimo de lucrarse a cambio de una posterior reventa.

La ratio decidendi sostiene que la calificación del contrato como civil resulta de que en el caso no constó un propósito de reventa en el comprador, ni tampoco consta la integración de las acciones en el proceso productivo de la empresa adquirente, ni el objeto social de la sociedad compradora era el destino a la inversión de las acciones adquiridas.  

No obstante, sorprende que el Tribunal Supremo solo constate ese fin lucrativo del adquirente en la intención de revender las acciones, y no en los dividendos o en cuota de liquidación esperada.

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