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Transparencia retributiva y condiciones laborales transparentes

19 nov 2026 España 4 min de lectura

El 18 de noviembre de 2026 se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 39/2026, de 17 de noviembre (el “RDL 39/2026”), que entra en vigor el día siguiente al de su publicación.

La norma transpone la Directiva (UE) 2023/970, de transparencia retributiva, y completa la transposición de la Directiva (UE) 2019/1152, sobre condiciones laborales transparentes y previsibles. Su aprobación por vía de urgencia responde al retraso en la transposición y, en el caso de la Directiva 2019/1152, al recurso interpuesto por la Comisión Europea contra España ante el TJUE (asunto C-60/26).

A continuación, se desglosan las principales novedades:

  • Registro retributivo. Todas las empresas, con independencia de su tamaño, deben llevar un registro con la media aritmética y la mediana de lo percibido, por sexo, en cómputo anual y por hora, desglosado por concepto retributivo. Debe consultarse a la representación legal al menos diez días antes de su elaboración y conservarse cuatro años.
  • Concepto de retribución e igual valor. Se define la retribución de forma amplia (salario base, pagas extraordinarias, complementos salariales y percepciones extrasalariales, directa o indirectamente, en dinero o en especie). La valoración de puestos de igual valor debe respetar los criterios de adecuación, totalidad y objetividad, con neutralidad de género.
  • Derecho individual de información. Los trabajadores pueden solicitar, una vez al año o cuando haya cambios que lo justifiquen, su retribución individual y las retribuciones medias por sexo de quienes realicen el mismo trabajo o uno de igual valor. La empresa debe responder en un plazo razonable y, en todo caso, en dos meses. También pueden ejercerlo los extrabajadores durante un año desde el cese. Son nulas las cláusulas que impidan al trabajador divulgar su propia retribución.
  • Brecha retributiva. Las empresas de 50 o más trabajadores deben informar a la nueva Comisión para el seguimiento de la transparencia retributiva, cada año (250 o más trabajadores) o cada tres años (de 50 a 249). El primer informe debe presentarse antes del 8 de junio de 2027 (150 o más trabajadores) o antes del 8 de junio de 2031 (de 50 a 149). Las diferencias injustificadas deben corregirse en un máximo de seis meses, en cooperación con la representación legal.
  • Auditoría retributiva. Se refuerza su contenido (valoración de puestos, análisis de los últimos tres años y plan de actuación con plazo máximo de seis meses). Si no hay acuerdo con la representación sobre las razones de las diferencias, la empresa debe realizar igualmente la auditoría y dejar constancia de las discrepancias.
  • Selección y garantía de indemnidad. Las ofertas de empleo deben indicar la retribución inicial y el convenio aplicable, y se prohíbe preguntar por el historial retributivo. Se anulan las decisiones empresariales que supongan un trato desfavorable como reacción a una reclamación, y las acciones por discriminación retributiva prescriben a los tres años.
  • Condiciones laborales transparentes. Se elimina el mínimo de cuatro semanas de duración para exigir la información sobre los elementos esenciales del contrato, que debe darse también a la representación legal. Se regula el derecho a solicitar la transición a otra forma de empleo (nuevo art. 21 bis ET), con respuesta motivada en un mes (tres meses en empresas de hasta diez trabajadores), y se fijan límites al periodo de prueba.
  • Sanciones y contratación pública. No llevar el registro retributivo o no informar a la Comisión pasa a ser infracción grave, igual que no informar de los elementos esenciales del contrato. Las represalias por reclamaciones son infracción muy grave. El incumplimiento grave de la igualdad retributiva puede ser causa de resolución de contratos públicos.

Las empresas deben revisar cuanto antes sus registros retributivos, sus sistemas de valoración de puestos, sus procesos de selección y sus modelos de información al trabajador, y preparar los procedimientos para atender las solicitudes de información y el primer informe de brecha retributiva.

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