Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre)
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Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha que invita a reflexionar sobre el impacto de la violencia en la vida de millones de mujeres y a reforzar el compromiso de los centros de trabajo con la prevención, atención y sanción de cualquier forma de violencia, incluida aquella que se manifiesta en el ámbito laboral.
En el Perú, la normativa laboral establece obligaciones claras para salvaguardar la integridad y dignidad de las trabajadoras. La Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual (Ley N.º 27942), su reglamento y los lineamientos de la SUNAFIL exigen a los empleadores implementar políticas internas, canales de denuncia confidenciales, órganos de intervención y medidas protectoras inmediatas para garantizar un entorno seguro y libre de hostilidad.
Asimismo, la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar (Ley N.º 30364) reconoce que la violencia puede trasladarse al ámbito laboral. Por ello, promueve que las instituciones adopten acciones de acompañamiento y faciliten que las trabajadoras víctimas de violencia accedan a medidas de protección, así como a flexibilidades laborales (licencias) cuando sea necesario.
Los empleadores tienen un rol fundamental en el trabajo por lo que recomendamos:
- Fomentar una cultura organizacional basada en el respeto y la igualdad.
- Brindar capacitaciones periódicas sobre prevención de la violencia y acoso laboral.
- Actuar con celeridad y confidencialidad ante cualquier denuncia.
- Ofrecer apoyo a las colaboradoras que atraviesen situaciones de violencia, coordinando medidas internas que salvaguarden su seguridad y continuidad laboral.
Conmemorar esta fecha supone reafirmar el compromiso institucional de construir espacios de trabajo seguros, inclusivos y libres de violencia, donde cada persona pueda desarrollarse plenamente. La prevención no solo es un deber legal, sino un componente esencial de la responsabilidad social empresarial.