La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) tomó la decisión de cancelar los campeonatos de la División Profesional ante las denuncias por presuntos arreglos de partidos y casos de corrupción en esta temporada. La determinación, tuvo lugar tras una investigación de la Fiscalía en la cual se indaga la posible comisión del delito de estafa agravada en concurso con concierto para delinquir por parte de lo que sería una organización criminal compuesta por jugadores, dirigentes y árbitros de la liga dedicados a intervenir, a su antojo, en los diferentes resultados deportivos.
En Colombia, si bien no se ha tomado una decisión de tal envergadura, se trata de un fenómeno latente dentro del desarrollo de las competiciones. Recordemos eventos tales como el partido entre Llaneros FC y Unión Magdalena, donde misteriosamente los jugadores del equipo de Villavicencio renunciaron a seguir disputando el encuentro mientras veían cómo los de Santa Marta le daban vuelta al marcador y ascendían a la primera categoría del fútbol colombiano, caso por el que actualmente existe una investigación abierta en la Fiscalía General de la Nación, o las múltiples ruedas de prensa en las que técnicos y dirigentes han insinuado la existencia de un factor extradeportivo que influye en el rendimiento de los equipos y sus respectivos resultados.
¿Por qué es preocupante?
Consecuencias económicas: Pues bien, lo cierto es que esta situación constituye una amenaza para el deporte colombiano y no debe tratarse como un asunto menor, ya que lo que está en juego es el principal activo de una industria que, en cifras de la Superintendencia de Sociedades, anualmente genera más de 70.000 millones de pesos. Un escenario de anulación de una temporada de la liga significaría una pérdida millonaria por concepto de incumplimientos contractuales en materia de derechos de televisión, patrocinios y diferentes acuerdos de carácter comercial y laboral, así como una afectación reputacional de la que difícilmente podría recuperarse, pues alejaría inversionistas y espectadores, además de frenar el posicionamiento de la liga local como producto.
Consecuencias disciplinarias y penales: El arreglo de partidos no sólo genera afectaciones de carácter económico y reputacional para la liga y los equipos, sino que, además, tiene implicaciones ante las respectivas comisiones disciplinarias de la liga, procesos administrativos ante el Ministerio del Deporte y, como en el caso de Bolivia, al suponer la comisión de delitos como bien podrían ser los de corrupción privada, administración desleal, estafa o concierto para delinquir, se trata de una situación que puede derivar en investigaciones y procesos penales tendientes a afectar jugadores, árbitros y hasta dirigentes de clubes y de la liga misma.
¿Qué políticas podrían implementar cada uno de los actores para prevenir estos riesgos?
Vamos uno a uno:
La Liga: Si bien el artículo 93 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, adoptando los postulados del Código de Ética de FIFA, contempla una sanción por predeterminación de resultados y participación en juegos y apuestas, es necesario que este tipo de comportamientos cuenten con un reglamento autónomo que: (i) tenga como principio fundamental la responsabilidad solidaria en cabeza de los clubes, (ii) tipifique conductas que se presentan actualmente, tales como las apuestas por parte de jugadores en su lugar de trabajo, a través de terceros o utilizando información confidencial a la cual se tiene acceso, única y exclusivamente, por su relación con la actividad deportiva e, (iii) imponga sanciones que incluyan la suspensión individual del infractor de las competencias. De esta manera, se contará con un reglamento y protocolo claro a seguir ante casos de posible corrupción y el mismo permitirá tomar decisiones legítimas, preservando siempre la transparencia y prestigio de la competición.
Los clubes: Teniendo en cuenta que se trata de estructuras empresariales y que, por lo tanto, estas guardan una estrecha relación de responsabilidad respecto a las conductas cometidas por sus empleados en ejercicio de su objeto social, con el fin de evitar consecuencias de carácter penal, se hace necesario que los clubes adopten políticas de cumplimiento internas que les permitan enfrentar eventos de corrupción o situaciones de arreglo de partidos. Estas políticas pueden estar acompañadas de reglamentos y protocolos que ayuden a los equipos a individualizar a los responsables y aplicarles la sanción correspondiente de manera interna. Así, los clubes contarán con insumos importantes a la hora de demostrar una actitud de debida diligencia frente a la concreción de estos riesgos.
Además, de aplicar adecuadamente este tipo de sistemas propuestos, los riesgos por la comisión de conductas delictivas se verán disminuidos. Esto teniendo en cuenta que, en Colombia, a diferencia de otros países, no hay responsabilidad penal de las personas jurídicas por lo que los dirigentes de las entidades serán sobre quienes recaerá la responsabilidad penal y sobre la persona jurídica otra serie de sanciones, principalmente económicas, como aquellas contenidas en la Ley de 2195 de 2022 (Ley de Transparencia, Prevención y Lucha contra la Corrupción).
Las plataformas de apuestas deportivas: Controlar los riesgos requiere de un trabajo articulado. Ante el protagonismo actual de estas compañías en el mundo del deporte, se debe construir una política que permita cruzar la información entre las plataformas, la liga y los clubes. De esta manera se podrá garantizar la detección de situaciones irregulares y activar las alarmas para proceder con las investigaciones a las que haya lugar. Además, teniendo en cuenta que los casos de corrupción son delitos fuente de lavado de activos y que desde el 2019 Coljuegos solicitó la adopción e implementación del SIPLAFT como política de prevención ante este tipo de amenazas, la creación de un protocolo articulado es una oportunidad para implementar sistemas de cumplimiento eficientes y, de paso, cumplir con la directriz estatal.
Sumado a lo anterior, teniendo en cuenta que una plataforma de apuestas deportivas es, precisamente, el mayor patrocinador de la liga y que para el correcto desarrollo de este negocio se necesita preservar la transparencia de la competencia, es mayor la obligación de prevenir cualquier evento que ponga en duda la legitimidad de los resultados deportivos, haciendo imperativo que los principales actores de la industria implementen políticas de cumplimiento y acciones tendientes a demostrar debida diligencia con el fin de prevenir y enfrentar posibles casos de corrupción dentro de sus organizaciones.
Es por todas estas razones que el caso de Bolivia nos sirve para anticiparnos a la concreción de un daño que cada día se torna más inminente y, de paso, nos ayuda a avanzar en la implementación de políticas de cumplimiento articuladas que prevengan escenarios penales para los distintos actores de la industria y que, ante todo, sean capaces de proteger el mayor activo del mundo del deporte: la sana competencia.
