El texto se estructura en tres bloques principales. En primer lugar, una parte introductoria en la que se definen la misión, valores y funciones de la Inspección, junto con el contexto socioeconómico en el que se inserta. La segunda parte concentra el núcleo operativo y fija diecisiete objetivos estratégicos agrupados en dos ejes de actuación. Por último, para garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos, se ha diseñado un sistema de seguimiento que contempla una evaluación intermedia en la primera mitad de 2026 y un informe final cuando termine el periodo de vigencia del Plan.
El primer eje, centrado en la defensa de los derechos laborales y sociales, incluye diez objetivos que configuran el núcleo de la actividad inspectora. La Inspección anuncia un control exhaustivo del fraude en la contratación, poniendo el foco en el uso indebido de los contratos fijos-discontinuos, en la extinción abusiva de contratos indefinidos durante el periodo de prueba y en el empleo fraudulento del contrato a tiempo parcial. También se intensificarán las actuaciones sobre contratas y subcontratas para evitar cesiones ilegales de trabajadores. En materia de tiempo de trabajo, se reforzará la vigilancia sobre el registro de jornada, los descansos y el cumplimiento del derecho a la desconexión digital, con especial atención al teletrabajo y a la gestión de riesgos psicosociales.
La garantía del derecho al salario se configura como otra prioridad. Mediante cruces masivos de datos, la Inspección comprobará el pago efectivo del Salario Mínimo Interprofesional, el respeto a los convenios colectivos y la regularización de cotizaciones cuando existan salarios no abonados. El control de los despidos colectivos también se refuerza, con la actualización de criterios de actuación a la normativa más reciente y la supervisión del respeto a los derechos colectivos y sindicales.
En el ámbito de la igualdad y la no discriminación, el Plan prevé un incremento de las actuaciones destinadas a garantizar la implantación efectiva de planes de igualdad, auditorías retributivas y registros salariales. La Inspección examinará además el impacto que puedan tener algoritmos y sistemas de inteligencia artificial en los procesos de gestión de personal, con el objetivo de detectar y corregir posibles sesgos discriminatorios. A ello se suman campañas específicas contra el acoso sexual y por razón de sexo, que incluirán la verificación de protocolos internos en las empresas.
La prevención de riesgos laborales sigue siendo un eje prioritario, con planes intensivos en sectores de alta siniestralidad, control de la exposición a agentes cancerígenos y actuaciones relacionadas con riesgos emergentes vinculados a la digitalización, el cambio climático y el envejecimiento de la población activa. Junto a ello, la lucha contra el empleo irregular y los falsos autónomos se refuerza mediante actuaciones apoyadas en cruces de datos con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, con especial atención a plataformas digitales, cooperativas ficticias y “empresas buzón”. También se reforzará el control de las cotizaciones, prestaciones y Mutuas Colaboradoras.
El segundo eje se centra en la modernización y calidad del servicio público, con siete objetivos dirigidos a mejorar la organización y los recursos de la Inspección. Entre las medidas más relevantes figura la incorporación de más de quinientos nuevos inspectores y subinspectores, lo que supondrá un incremento sustancial de la plantilla. En el ámbito tecnológico, se pondrán en marcha un expediente electrónico integral, un sistema de apoderamiento telemático y una sede electrónica renovada, junto con la creación de un laboratorio de informática forense para analizar grandes volúmenes de datos y detectar patrones de fraude. El Plan también impulsa la homogeneidad de criterios en todo el territorio nacional, el refuerzo de la formación continua a través de la Escuela de Inspección y medidas orientadas al bienestar y la ética institucional, con especial énfasis en la protección de datos, la inclusión y la transparencia.
En definitiva, el Plan 2025-2027 refuerza la intensidad y sofisticación de la actividad inspectora, lo que exige a las empresas revisar sus procedimientos internos y disponer de un sistema de compliance laboral sólido que permita minimizar los riesgos derivados de la actuación de la Inspección.
