Tax Tool | Julio 2024

• Impuesto a la Renta

Características esenciales para calificar como un servicio digital

El Tribunal Fiscal ha resuelto que, a fin de calificar un determinado servicio como “servicio digital” a efectos del Impuesto a la Renta, este debe reunir necesariamente las siguientes características: (i) prestado a través de internet o tecnología similar, (ii) puesto a disposición a través de accesos en línea, (iii) sea esencialmente automático, y (iv) no sea viable sin tecnología informática.

Cabe recalcar, que se trata de un criterio opuesto al que SUNAT recientemente ha establecido mediante el Informe 0039-2024-SUNAT, en el cual señala que los servicios de soporte técnico o consultoría pueden calificar como “servicios digitales” a pesar de no ser esencialmente automáticos (Resolución No. 5129-4-2024, criterio reiterado en las Resoluciones Nos. 6318-2-2019, 5980-1-2021).

Gastos en ciertos vehículos eléctricos no se encuentran sujetos a límites

La SUNAT ha precisado que los límites a la deducción de gastos en vehículos de categoría A2, A3, A4 asignados a gerentes y ejecutivos, no aplican a vehículos eléctricos. Ello, pues la definición a la que se remiten las normas del IR, se hace en función al cilindraje, mientras que los vehículos eléctricos no cuentan con esa característica. Sin embargo, tratándose de camionetas (categorías B.1.3 y B.1.4), dado que en ese caso la definición no se hace en función al cilindraje, los límites a la deducción de gastos en vehículos se mantienen aplicables.

Nótese que no se ha analizado el caso de vehículos híbridos, es decir, aquellos capaces de utilizar tanto combustible como electricidad para desplazarse (Informe No. 000046-2024-SUNAT).

Servicios digitales prestados por países miembros de la CAN

La SUNAT señaló que la prestación de servicios de mantenimiento de software y soporte técnico en red aun cuando requieran intervención humana de manera esencial, califican como servicios digitales y, sin perjuicio de ello,  les resultará aplicable el tratamiento previsto en el artículo 14 de la Decisión 578 de la CAN, en tanto califiquen como servicios profesionales, técnicos, asistencia técnica independientemente del medio de comunicación, la tecnología empleada o el grado de intervención humana. Por ello, serán gravados en el país miembro en donde se produzca el beneficio, entendido como el efecto de la prestación del servicio (Informe No. 000049-2024-SUNAT).

Exigencia de contar con documentación fehaciente que acredite la procedencia de los fondos por préstamos

La Sexta Sala señaló que el demandante no acreditó la procedencia de los fondos observados, constituyéndose incremento patrimonial no justificado. A fin de acreditar los depósitos, el demandante aportó, entre otros, los siguientes medios probatorios: cartas e informes el Banco, reportes, órdenes de pago, certificados de transferencia y copia simple del contrato de mutuo.

No obstante, confirmando lo señalado en primera instancia, la Sala indicó que la documentación aportada resultaba insuficiente en tanto no desvirtuaba el hecho que los estados de cuenta no muestran datos sobre el Banco del cual proceden los depósitos, ni de las empresas no domiciliadas que habrían efectuado los mismos.

Nótese que, la Sala precisó que el criterio contenido en la Casación No. 23406-2023, a través del cual, se señala que la legalización del contrato de mutuo exigida por la Administración Tributaria, no es una condición para sustentar el incremento patrimonial, no le resulta en modo alguno vinculante (Sexta Sala - Expediente No. 888-2023).

Se puede elegir el sistema de arrastre pérdidas en declaraciones rectificatorias y en declaraciones extemporáneas

La SUNAT señala lo siguiente sobre la opción para elegir el sistema de compensación de pérdidas prevista en el artículo 50 de la Ley del Impuesto a la Renta.

En ese sentido, ha precisado que la elección del sistema de compensación de pérdidas puede realizase: (i) tanto a través de la declaración jurada rectificatoria en la que, por primera vez, se determina la existencia de la pérdida tributaria del ejercicio, (ii) así como a través de las declaraciones juradas extemporáneas.

Así, por ejemplo, respecto del primer caso, en el supuesto en que un contribuyente haya efectuado en el ejercicio “1” la elección del sistema de compensación de pérdidas, pero posteriormente rectifique dicha Declaración Jurada determinando una renta neta imponible (producto de procedimiento de fiscalización), el contribuyente tendrá la posibilidad de elegir el sistema de compensación de pérdidas en otro ejercicio “2”, por ser la primera vez en que tiene derecho a elegir el sistema (Informe No. 000050-2024-SUNAT).

• Impuesto General a las Ventas

Pago en especie gatilla nacimiento de obligación del IGV

El Tribunal Fiscal analizó el surgimiento de la obligación del IGV de un contrato de construcción en el cual la contraparte paga no en efectivo, sino mediante la prestación durante meses de un servicio de energía. El Tribunal, precisa que los pagos en especie (bienes, servicios o abstenciones) también están comprendidos dentro del concepto de “pago” al que refiere el artículo 3 numeral 1 del Reglamento de la Ley del IGV, que da lugar al nacimiento de la obligación tributaria del IGV.

Así, resuelve que el nacimiento del IGV sobre el contrato de construcción surge con la percepción del ingreso que, en este caso consiste en el monto equivalente a la prestación del servicio de energía, por el importe que mes a mes corresponda (Resolución No. 10973-2-2023).

• Procesos, procedimientos e infracciones

Atribución de responsabilidad solidaria a ocupante de inmueble

El Tribunal Fiscal analizó un caso en el que un contribuyente ocupaba un local junto a una empresa, la cual realizaba actividades comerciales en el mismo. La Municipalidad respectiva pretendió cobrar Arbitrios Municipales enteramente a dicho contribuyente, tratándolo como responsable solidario por la totalidad de la deuda asociada al predio, emitiendo Resoluciones de Determinación a su nombre.

El Tribunal, resolvió que la Municipalidad debió primero atribuir la calidad de “responsable solidario” al contribuyente mediante la notificación de una resolución que disponga ello. Por lo tanto, declaró la nulidad de la Resoluciones de Determinación (Resolución No. 1804-7-2023).

La Corte Suprema reitera que SUNAT debe tener otra oportunidad para pronunciarse, aun cuando haya excedido la facultad de reexamen

La Corte Suprema analizó un caso en el que el Tribunal Fiscal dejó sin efecto una Resolución de Multa. El Tribunal resolvió en ese sentido al haber la Administración variado el fundamento de la infracción detectada, del artículo 177 numeral 1 al artículo 177 numeral 5 del Código Tributario. Pues bien, la Corte Suprema resolvió que lo dispuesto por el Tribunal es incorrecto y corresponde declarar la nulidad y no la revocación de las multas, a fin de permitir que la Administración las emita subsanando los vicios de nulidad (Casación No. 26499-2023-Lima).

La SUNAT debe comunicar oportunamente los reparos por concepto de Tasa Adicional del IR

El Tribunal Fiscal ha establecido que es necesario que la SUNAT comunique oportunamente al sujeto fiscalizado, las observaciones vinculadas a la aplicación de la Tasa Adicional de 4.1%. Esto, para que el contribuyente tenga oportunidad de presentar descargos e información que permita levantar dicha observación. De lo contrario, los montos reparados no habrán sido correctamente sustentados (Resolución No. 1947-11-2023).

Se mantiene obligación de conservar facturas electrónicas de compras y ventas

La SUNAT ha precisado que se mantiene la obligación del contribuyente de conservar las facturas electrónicas (archivos xml) de sus compras, a pesar de que la Administración tenga en su poder esos mismos archivos a través de los registros de compras y registros de ventas del Sistema Integrado de Registros Electrónicos (SIRE) (Informe No. 000046-2024-SUNAT).

No constituye causal de suspensión de prescripción de Precios de Transferencia la suspensión de la fiscalización

La Sétima Sala determina que no son aplicables las causales de suspensión de la fiscalización a los procedimientos seguidos por precios de transferencia y, por ende, dicho evento no constituye causal de suspensión de la prescripción. Esto, porque el Código Tributario no ha establecido un plazo legal para este procedimiento y, por ende, no existe un marco temporal definido que pueda ser reanudado y reiniciado.

Nótese que este pronunciamiento se aparta expresamente de la Casación No. 17824-2023 que constituye precedente vinculante. Este último, dispone que en razón de una interpretación sistemática de las normas y en aplicación de los principios de plazo razonable y legalidad, las causales de suspensión de una fiscalización, contenidas en el numeral 6 del artículo 62-A del Código Tributario, se extienden a las fiscalizaciones por Precios de Transferencia (Sétima Sala – Expediente No. 3907-2020).

Improcedencia de medida cautelar sobre la deuda de un consorcio con contabilidad independiente

El Tribunal Fiscal, analiza un caso en el cual una empresa obtiene ingresos en razón de su participación en un consorcio. Al respecto, se determina que no es correcto trabar medidas cautelares ante la empresa, cuando la deuda es solo atribuible al consorcio y este cuenta con contabilidad independiente (Resolución No. 2122-Q-2022).

No se configura una vulneración al debido procedimiento, no otorgar plazo para contradecir el resultado de un Requerimiento de Cierre

La Corte Suprema indicó que no se vulnera el derecho al debido procedimiento (derecho de defensa) cuando se notifican los valores un día después de notificado el Resultado de Requerimiento emitido en virtud del artículo 75 del Código Tributario. En el caso, se observa que durante el procedimiento de fiscalización se notificaron diversos requerimientos al contribuyente solicitando información vinculada a las observaciones de SUNAT, otorgando incluso sucesivas prórrogas para atenderlos (Casación No. 26424-2023).

Eliminación de obligación de consignar el RUC y razón social en publicidad

Se eliminó la obligación de señalar el número de RUC y la razón social en la publicidad – sea física o virtual – de bienes y servicios (Ley No. 32080).

Otorgamiento de facultades legislativas tributarias al Poder Ejecutivo

El Poder Legislativo ha delegado facultades al Poder Ejecutivo para legislar en determinadas materias tributarias por el plazo de 90 días calendario. Los temas sobre los cuales podrá legislar el Poder Ejecutivo, alcanzan al Impuesto a la Renta, Impuesto General a las Ventas e ISC, Código Tributario, y otras obligaciones de forma.

Así, actualmente cuenta con la facultad para legislar sobre las siguientes materias:

• Recaudación del IGV en operaciones realizadas con proveedores no domiciliados en el marco de la economía digital.
• Incorporación de los juegos a distancia y apuestas a la aplicación del IGV.
• Regulación del Registro de Compras.
• Pagos a Cuenta del Impuesto a la Renta y Precios de Transferencia.
• Funcionamiento y composición del Tribunal Fiscal.
• Normas que regulan acuerdos anticipados de precios, de conformidad al estándar mínimo de la acción 14 del proyecto BEPS de la OCDE.
• Simplificación de la inscripción en el RUC de personas jurídicas no domiciliadas y entes jurídicos constituidos en el extranjero que se encuentran obligados a presentar declaración del beneficiario final.
• Otorgamiento de fraccionamiento especial para deudas que constituyan ingresos del Tesoro Público (Ley No. 32089).

Se publica nueva versión del Catálogo de Esquemas de Alto Riesgo Fiscal

La SUNAT publicó una nueva versión (3.0) del Catálogo de Esquemas de Alto Riesgo Fiscal, añadiendo 11 nuevas estructuras que eventualmente podrían implicar una ventaja tributaria indebida y la aplicación de la Norma XVI:

• Transferencia de inmueble bajo un esquema de escisión y aporte de bloque patrimonial.
• Exoneración del IGV por venta de libros.
• Arrendamiento internacional a través de una sociedad sin sustancia económica.
• Operación de crédito externo entre partes vinculadas encubierta con entidad bancaria del exterior.
• Préstamo encubierto y generación de intereses a valor de mercado.
• Enajenación de acciones con apariencia de ser realizada mediante rueda de bolsa.
• Traslado de dividendos a través de jurisdicción miembro de la Unión Europea.
• Transferencia indirecta de activo intangible.
• Transferencia de funciones de I+D a filial extranjera para explotación del intangible.
• Análisis funcional de comisionista versus distribuidor.
• Operaciones de importación y distribución de bienes consideradas como servicios.

Ver Catálogo de Esquemas de Alto Riesgo Fiscal aquí.

Se aprueba el Reglamento de la Ley No. 31969, “Ley que impulsa la competitividad y el empleo en los sectores textil, confecciones, agrario y riego, agroexportador y agroindustrial y fomenta su reactivación económica”

Se publica el Reglamento de la Ley No. 31969, que establece diversos beneficios tributarios para los contribuyentes. Este Reglamento establece a qué sujetos será aplicable la Ley, así como los lineamientos y normas reglamentarias correspondientes para la aplicabilidad del régimen especial de depreciación de maquinarias y deducción adicional que contempla la mencionada norma (Decreto Supremo No. 140-2024).

Se emite una nueva versión del Formulario Virtual 615, correspondiente a la declaración del Impuesto Selectivo al Consumo

La Resolución No. 000147-2024/SUNAT, aprueba una nueva versión del PDT del Impuesto Selectivo al Consumo (Formulario Virtual No. 615), para adecuarlo a las modificaciones realizadas al monto fijo aplicable a las cervezas. Los contribuyentes están obligados a utilizar desde el primer día del mes de agosto 2024, independientemente del periodo al cual corresponda la declaración realizada (Resolución No. 000147-2024/SUNAT).

Imputación del IGV a servicios digitales prestados por no domiciliados, que son prestados a través de plataformas digitales e importación de bienes intangibles a través de internet

El Decreto Legislativo No. 1623, modifica la Ley del Impuesto General a las Ventas e ISC, para determinar que estarán gravados con IGV i) la utilización de servicios calificados como servicios digitales, prestados por no domiciliados, y ii) la importación de bienes intangibles vía internet, cuando el uso o adquisición, corresponda a una persona natural que no realiza actividad empresarial. Asimismo, agrega que no se requerirá la habitualidad a estos sujetos para la aplicación del IGV, cuando se trate de servicios digitales prestados por no domiciliados.

El Decreto regula también, cuando los servicios digitales se consideran empleados o consumidos en el país a efectos del IGV, los mecanismos de recaudación del IGV para personas naturales, la obligación de inscripción en el RUC por parte de los sujetos no domiciliados, y la fecha de inicio (1 de octubre del 2024) para la retención o percepción del IGV (Decreto Legislativo No. 1623).

Se publica Proyecto de Resolución Ministerial que aprueba lineamientos referidos al uso de sistemas electrónicos cuando el expediente ha sido elevado al Tribunal Fiscal

La referida norma, contempla la normativa aplicable a las actuaciones vinculadas al uso de sistemas electrónicos, telemáticos o informáticos en el procedimiento contencioso tributario, cuando este se encuentre en etapa de apelación, y el referido recurso ya haya sido elevado ante el Tribunal Fiscal (Resolución Ministerial No. 228-2024-EF).