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Nuestro equipo de Litigios Tributarios ha preparado para ti esta herramienta, que te mantendrá al día con las últimas decisiones de las autoridades tributarias, novedades normativas y alertas, para ayudarte en la toma de decisiones.
La Corte Suprema ha resuelto que es posible sustentar la deducción de mermas con informes técnicos elaborados con posterioridad al ejercicio acotado. Sin embargo, será indispensable que – a pesar de elaborarse con posterioridad – la metodología a utilizar y las pruebas a evaluar sí deben ser aquellas que correspondan al ejercicio bajo análisis (Casación No. 28036-2023, que precisa el criterio contenido en la Casación No. 14856-2023).
La Corte Suprema ha resuelto que no puede exigirse al contribuyente contar con la documentación a detalle y específica prevista en el art. 5-A de la Ley del IR al momento de la celebración de los IFD (forwards), ya que se trataba de una operación futura anticipada (altamente probable), pero no comprometida, por lo que no podría contarse con dicha documentación al momento de la celebración, sino hasta la ejecución del contrato; no obstante, sí debe acreditarse la naturaleza de cobertura del IFD. De esta forma la Corte Suprema revierte el criterio dominante en la Sétima Sala Superior, mostrado en expedientes Nos. 01226-2021, 2084-2022 (Casación No. 27624-2023).
El Tribunal Fiscal señaló que no se justifica un ajuste de comparabilidad por “emisión de notas de crédito en exceso” que proponía el contribuyentes a través de su Estudio de Precios de Transferencia, cuando de la documentación se muestra que, el valor de las notas de créditos por descuentos representó un porcentaje inferior al valor total de las notas de crédito emitidas en ese mismo año, de manera que no se trata de una situación “extraordinaria” dentro de su giro de negocio (comercialización al por mayor de medicamentos) (Resolución No. 9087-1-2023).
El Tribunal Fiscal analizó un caso en el que un contribuyente celebró un préstamo con entidades financieras no domiciliadas, siendo que en todos estos sujetos tenía participación el Estado Chino. La Administración Tributaria señala que se tratarían de partes vinculadas por vinculación indirecta e influencia dominante – observando la tasa del IR – debido a que en dicho ejercicio aún no estaba vigente la modificación del Reglamento de la Ley del IR, introducida por el Decreto Supremo 264-2017-EF, que expresamente dispuso que en esos casos de participación estatal no existe vinculación.
El Tribunal resolvió que no resultaría razonable determinar vinculación entre partes cuando comparten un Estado como partícipe, ya que las estructuras orgánicas de los Estados no persiguen la maximización de sus beneficios empresariales ni una menor carga fiscal. Así, se determinó que no existía vinculación a efectos del IR, y se dejó sin efecto el reparo (Resolución No. 4431-9-2024).
La Corte Suprema ha señalado que, si bien la Administración Tributaria puede realizar ajustes de comparabilidad, al conjunto de comparables que utiliza para realizar el reparo, ello está sujeto a límites. En particular, se señalan dos. Primero, no será razonable comparar la utilidad operativa de un contribuyente que registra pérdidas de instrumentos derivados de commodities, con la utilidad operativa de empresas que registren pérdidas de instrumentos derivados de divisas, ya que en este segundo caso las pérdidas se registran después de la utilidad operativa. Segundo, los ajustes de la Administración no pueden eliminar los ajustes del propio contribuyente para lograr la comparabilidad de operaciones o empresas.
Por otro lado, en la misma sentencia, la Corte señaló que a efectos de determinar los rangos por aplicación del MNT, es válido utilizar estados financieros expresados en dólares cuando esa es la moneda utilizada en sus operaciones con vinculadas (Casación No. 19941-2023).
La Corte Suprema declara improcedente un recurso de Casación interpuesto por la SUNAT, contra una sentencia que confirmó el criterio del Tribunal Fiscal por el cual estableció que no resulta necesario seguir las acciones judiciales en los casos de pérdidas de energía eléctrica (Casación No. 39301-2023).
La Sexta Sala de Lima analizó un caso en el que un contribuyente vendió una Planta de Harina de Pescado y Pota y una Planta de Agua, mediante leaseback (venta de un bien para mantenerlo en alquiler) a un monto inferior al valor de mercado determinado mediante tasación, generando así un menor valor de venta y por ende un menor IGV.
La Corte resolvió que no existe en la legislación del IGV normas especiales para ventas de activos en casos de leaseback, por lo que, al tratarse de una operación onerosa “no fehaciente” al estar pactada por debajo del valor de mercado, correspondía aplicar el artículo 42 de la Ley del IGV y el artículo 32 numeral 3 de la Ley del IR y, en consecuencia, recoger como base imponible el importe establecido mediante tasación que resulta aplicable precisamente al tratarse de activos respecto del cual no se realizan transacciones frecuentes. De esta manera, la Sala Superior confirma el criterio establecido por la Resolución del Tribunal Fiscal No. 5571-2-2021 (Sexta Sala - Expediente No. 8149-2021).
El Tribunal Fiscal establece que la determinación del Impuesto Predial y los Arbitrios Municipales efectuada por la Municipalidad, que toma como base una inspección ocular presunta, ya que el local se encontraba cerrado, no se encontraba arreglado a Ley.
Esto en razón de que la normativa sobre determinación sobre base presunta, no está prevista para el caso del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales y, la Administración no está facultada para establecer nuevos supuestos de determinación presunta (Resolución No. 7804-7-2023).
El Tribunal Fiscal señala que no constituye una irregularidad en el procedimiento de fiscalización la emisión de un requerimiento realizada sin el cierre previo del requerimiento emitido anteriormente, toda vez que no implica la violación de norma alguna, ni afecta la validez de las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento de fiscalización, más aún si, de manera previa, se deja sin efecto el primer requerimiento (Resolución No. 4842-2-2022).
El Tribunal Fiscal ha señalado que, si SUNAT solicita información a través de la MPV el no cumplir con ello no configura la infracción de “no exhibir libros, registros u otros documentos solicitados” (numeral 1 del artículo 177 del Código Tributario); pues dicha infracción requiere negarse a una “exhibición” o “muestra” de los documentos, lo que no podría suceder a través de la MPV (Resolución No. 312-12-2024).
La Corte Suprema establece que no constituye un acto interruptorio a efectos de que el contribuyente pueda solicitar la devolución del saldo de ITAN, la notificación de una resolución de determinación que no incluye el saldo sin aplicar del ITAN indicado por el contribuyente en sus declaraciones juradas, ya que este documento no podría constituir un acto de reconocimiento del crédito por ITAN.
Por lo tanto, no se cumpliría con lo establecido por el numeral cuarto, del inciso b) del artículo 45 del Código Tributario, que determina que el plazo de prescripción para solicitar la devolución es interrumpido por la notificación del acto administrativo que reconoce la existencia y cuantía de un pago en exceso o indebido, u otro crédito (Casación No. 37120-2023).
Se ha previsto que los requisitos solicitados a los contribuyentes para la aplicación de la exoneración del IGV y del crédito fiscal especial, no serán aplicables a las empresas que presten servicios de distribución y comercialización de energía eléctrica en distintos departamentos, provincias y distritos de la Amazonía descritos en la norma (Ley No. 32063).
El Pleno del Congreso aprobó el Dictamen del Proyecto de Ley 7536/2023-CR, que propone un régimen excepcional del Impuesto a la Renta (IR) en relación a rentas no declaradas al 31 de diciembre de 2022.
Con el acogimiento al régimen, se entenderán cumplidas todas las obligaciones tributarias del IR correspondientes a las rentas no declaradas y la SUNAT no podrá determinar obligación tributaria ni aplicar sanciones o intereses respecto a dichas rentas. Podrán acogerse a este régimen las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades conyugales que optaron para tributar como tales, siempre que hubieran tenido la condición de domiciliados en cualquier ejercicio previo al 2023 (Proyecto de Ley 7536/2023-CR).
Se modifica el punto 5.2 del Anexo III de la de la Resolución No. 014-2018/SUNAT donde se consigna el análisis de precios de transferencia de operaciones controladas para incluir el ítem 7 referido al sustento técnico por el uso de un método distinto al del precio comparable no controlado en operaciones de exportación o importación de los bienes comprendidos en el Anexo 2 del Reglamento de la Ley del IR (Resolución de Superintendencia No. 123-2024/SUNAT).
Se han aprobado nuevas disposiciones relativas al método para determinar el monto de percepción del IGV tratándose de la importación de bienes considerados mercancías sensibles al fraude, como la relación de subpartidas nacionales que contienen los bienes considerados como mercancías sensibles al fraude, la relación de montos fijos aplicables a estas y precisiones respecto a la determinación del valor FOB referencial (Decreto Supremo No. 106-2024-EF).
Se ha aprobado a través del Decreto Supremo No. 109-2024-EF, el listado de entidades exceptuadas de la percepción del IGV en concordancia con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley del Régimen de Percepciones del IGV, que detalla las operaciones excluidas de dicho gravamen (Decreto Supremo No. 109-2024-EF).
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