El pasado domingo 23 de setiembre de 2023, se publicó en "El Peruano", la Ley No. 31878, "Ley de reforma constitucional que promueve el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y reconoce el derecho de acceso a internet libre en todo el país".
Así, dicha ley modifica el artículo el numeral 4 del artículo 2º de la Constitución Política del Perú (CPP) a fin de promover constitucionalmente el uso de tecnologías de la información y comunicación en el país. Además, se incorpora un nuevo literal A dentro del artículo 14º a fin de reconocer el derecho de acceso a internet libre, bajo la siguiente fórmula legislativa: "El Estado garantiza, a través de la inversión pública o privada, el acceso a internet libre en todo el territorio nacional, con especial énfasis en las zonas rurales, comunidades campesinas y nativas".
Al respecto, cabe recordar que a nivel nacional el reconocimiento del Internet como un espacio libre, abierto y neutro se dio a nivel nacional gracias a la política de Estado número 35º del "Acuerdo Nacional", donde se reconoció que el Estado “diseñará las políticas y la regulación en materia de sociedad de la información y del conocimiento teniendo como base los principios de internet libre, abierto, neutro y para todos, así como el adecuado resguardo de la seguridad de la información”. Así, tales garantías legales de libertad y apertura tienen fundamento en la naturaleza funcional del Internet. Por un lado, el Internet es un servicio de valor añadido o valor agregado que se soporta en otro servicio como la línea fija o el servicio de telefonía móvil y, por el otro, al tener como base principios del Internet libre, abierto y neutro; garantiza el ejercicio adecuado de derechos fundamentales y libertades democráticas.
Lo anterior, ha sido incluso reafirmado por la Organización de Estados Americanos (OEA, 2011) cuando declaró que “los Estados tienen la obligación de promover el acceso universal a Internet para garantizar el disfrute efectivo del derecho a la libertad de expresión. El acceso a Internet también es necesario para asegurar el respeto de otros derechos, como el derecho a la educación, la atención de la salud y el trabajo, el derecho de reunión y asociación, y el derecho a elecciones libres.”
Por ello, si bien garantizar el acceso al Internet es un paso primordial para reducir la brecha digital, hubiese sido indispensable que tal reconocimiento se haga bajo las garantías de apertura y libertad para un disfrute adecuado y efectivo de los derechos fundamentales en el entorno digital. Así, no debe dejarse de lado que gracias a tal principio, los ciudadanos pueden ejercer libremente sus derechos constitucionales, como la libertad de expresión y acceso a la información en el entorno tecnológico que las redes de telecomunicaciones proveen.